Un grupo de más de siete personas que realizaron su judicatura en la comisaría de familia adscrita a la Casa de Justicia del barrio Country enfrenta una seria problemática. Afirman que tras prestar sus servicios de manera adecuada durante siete meses, se les ha negado la certificación de su práctica por parte del Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Lea aquí: Vehículos inmovilizados y dos gastrobares cerrados tras operativo en Cartagena
Explican que a pesar de contar con las actas de posesión y nombramiento, y con los certificados necesarios, se les ha informado que la persona que los posesionó no tenía las competencias para hacerlo. Posteriormente, se les indicó que necesitaban un convenio entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Alcaldía, convenio que ninguna dependencia de la administración posee.
Inicialmente, se les habría dicho que el Talento Humano de la Alcaldía certificaría su práctica si presentaban informes detallados de su judicatura. Sin embargo, esta opción también fue descartada, dejándolos sin una solución clara y en una espera indefinida que ya se ha prolongado por cinco meses. Lea aquí: Recomendaciones del Dadis para prevenir infecciones respiratorias agudas
“Todo indica que la problemática generada por la misma administración debemos solucionarla nosotros, redactando informes y persiguiendo a los funcionarios para una pronta solución. Prácticamente ya perdimos la oportunidad de graduarnos de manera colectiva debido a que los plazos se vencieron y aun así, de todas las personas que trabajan en la Alcaldía, nadie encuentra una solución o nos da respuesta”, denuncian los pasantes.
Esta situación ha generado una gran incertidumbre y frustración entre los afectados, quienes ven peligrar su oportunidad de graduarse debido a los plazos vencidos. Exigen una solución inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes para que se les reconozca su esfuerzo y se les otorgue la certificación correspondiente.