A Félix Peña lo contrataron en 2016 para trabajar como rosero en la Concesión Vial, que estaba a cargo de los antiguos peajes internos de Cartagena. El rol que desempeñaría incluía la jardinería, mantenimiento y servicios generales. Al principio estaba feliz, pues tendría una situación laboral y financiera más estable, beneficiando a su familia.
Sin embargo, dice que las cosas no terminaron de la mejor manera, y hoy, en el 2024, reclama varios de sus derechos como trabajador y por las secuelas que le dejó un accidente laboral: tiene clavos en la columna problemas auditivos, no tiene un peso ni otras alternativas para seguir trabajando.
Félix es uno de los cerca de 70 extrabajadores de la Concesión Vial, que se encargaba de los antiguos peajes internos de Cartagena, los cuales fueron despedidos cuando se demostró que la Tasa Interna de Retorno (TIR) se había alcanzado y por ende las casetas fueron desmontadas. Lea también: Bloqueo a esta hora en la Pedro de Heredia, a la altura de los Cuatro Vientos
Tras ser despedidos, estas personas se tomaron hoy en la mañana las afueras del Palacio de la Aduana para solicitarle al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, tomar medidas para rectificar lo que consideran ha sido una completa injusticia.
El calvario de Félix comenzó el 31 de junio del año pasado. Cuenta que se encontraba en su casa incapacitado luego de un accidente laboral que sufrió tras caer de unas escaleras. Su ARL de momento había cubierto todos los gastos, y faltaba poco para volver a retomar labores, esta vez reubicado ante las secuelas severas que le había dejado aquel incidente; sin embargo, recibió una llamada que le cayó como un baldado de agua.
“Ese 31 de junio me llamó mi jefe y, al igual que a mí, citaron a todos mis compañeros para una reunión. Nos dijeron que ya no trabajaríamos más, que los peajes los habían cerrado y que hasta ahí llegaba la Concesión. Yo pregunté por mi indemnización y me dijeron que lo mejor era no pelear por eso, que aceptara la plata que me iban a dar, pero que no me pusiera a demandar porque saldría perdiendo. Seis millones de pesos fue lo que me dieron a través de una bonificación”, contó Peña a este medio.
El cartagenero siguió tocando puertas, pues el haber cumplido 1.600 días de incapacidad lo calificaría como PSL (pérdida de capacidad laboral). Así que logró que Colpensiones lo pensionara por invalidez.
Actualmente recibe una mesada de un salario mínimo, lo cual siente que no le alcanza para solventar la situación en su hogar, pues es padre de tres adolescentes que pronto entranrán a la universidad. Dice que su situación económica se apretó tanto que tuvieron que mudarse a un rancho en Marialabaja, donde no tienen que asumir un arriendo tan caro.
“Nuestra liquidación ha sido manejada de manera deplorable. La indemnización que recibimos fue insuficiente. Todo nos lo notificaron de una manera inhumana, advirtiéndonos que si no aceptábamos lo ofrecido, debíamos demandar, aunque sabían que la demanda tendría pocas probabilidades de éxito. La empresa no obtuvo el permiso necesario del Ministerio de Trabajo para terminar nuestros contratos, dejando a muchos de nosotros en una situación de total incertidumbre y desesperación. Estamos en la Alcaldía de Cartagena, esperando ser atendidos por el alcalde Dumek Turbay para que nos ayude”, aseveró Félix Peña en medio de la protesta.
Y anotó: “Hace poco escuchamos rumores sobre la posible liquidación de la Concesión Vial para el 30 de junio. No sabemos si es cierto, pero nos preocupa. Por eso, queremos informar a la opinión pública sobre nuestra situación y solicitar su apoyo y comprensión. Esperamos que el señor alcalde y las autoridades pertinentes nos escuchen y tomen medidas para rectificar esta injusticia”. Lea también: ¡Ojo! Los barrios de Cartagena que no tendrán agua el 25 de junio
Por su parte, la Alcaldía de Cartagena lamenta la situación que afecta a los ex trabajadores de la Concesión Vial; sin embargo, desde la Dirección Administrativa de Valorización Distrital aclararon a los ciudadanos afectados y al resto de la opinión pública que “este es un proceso extragubernamental, al ser del régimen privado, o sea, una vinculación laboral entre privados”.
“Entendemos que su necesidad es laboral, por lo que es crucial precisar que la Concesión Vial es una empresa privada y el vínculo laboral de los manifestantes era directamente con ellos, no con la Alcaldía de Cartagena; por ende, sus reclamos deben hacerlo ante la Oficina de la Dirección Territorial en Bolívar del Ministerio de Trabajo, pues es un tema del régimen laboral privado”, indicó la Administración.
Y anotó: “El Distrito lo que hizo fue hacer cumplir el fallo de junio de 2023 del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena a favor de la administración, en el que confirmó que ya se había alcanzado la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 17,22% pactada dentro del contrato de peajes internos de la ciudad, por lo que esto obligó a que el contrato suscrito con la Concesión Vial sea liquidado y las casetas se desmantelaran”.