Para nadie es un secreto la escalada que ha tenido la criminalidad en Cartagena. Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señalan que mientras en 2019 se registraron 197 homicidios en la ciudad, en 2023 la cifra ascendió a 425. Esto representa un incremento del 115%.
Frente a esto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció desde el inicio de su mandato la implementación del Plan Titán 24, una estrategia de seguridad que busca reducir estos indicadores que inquietan a los cartageneros.
Sin embargo la realidad muestra que este año la racha de violencia ha continuado, pues ya se superó la barrera de los 100 homicidios. La situación llevó al alcalde Turbay a hacerle un nuevo llamado al Gobierno nacional, en el que incluso pidió que la ciudad fuera tenida en cuenta en la política de la Paz Total.
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“El presidente Gustavo Petro no puede renunciar a su política de la Paz Total que busca el sometimiento de la justicia de las bandas criminales que operan en los territorios, incluida Cartagena, política del orden nacional en la que estamos en total disposición de coadyuvar”, dijo Turbay a través de sus redes sociales el pasado 23 de abril.
El mandatario incluso puso sobre la mesa la posibilidad de entablar diálogos con estos actores armados. “Bueno sería que con el Alto Comisionado para la Paz pudiéramos establecer contacto con los voceros de las bandas criminales que ordenan asesinatos en Cartagena, una guerra heredada por el control del negocio del narcotráfico que llegó a nuestra ciudad y está cobrando decenas de vidas”, dijo.
La propuesta causó diversas reacciones por parte de la ciudadanía, pues mientras algunos apoyaron lo dicho por el alcalde, otros no están de acuerdo con que haya diálogo con las bandas criminales.
Debe tener garantías
Jerry Pardo, analista y docente universitario, quien se desempeñó como investigador del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed) por más de 15 años, indicó que dialogar con bandas criminales es un tema complejo que debe evaluarse desde una perspectiva científica y jurídica.
“El diálogo con bandas criminales debe alinearse con el Estado de Derecho y los principios constitucionales. Por tanto, hay que tener en cuenta que la Constitución Política y el Código Penal no promueven la impunidad y cualquier proceso de diálogo debe asegurarse de que se respeten los derechos de las víctimas y se persiga la justicia”, indicó.
En este sentido, dijo que un proceso de estas características debe contar con todas las garantías legales. “Hay evidencias y experiencias como los casos de Medellín, Buenaventura y Cali en los que se han implementado estrategias de diálogo y reintegración con bandas y grupos armados, y muy a pesar de la buena voluntad y disposición de estas estructuras criminales, la no existencia de piso jurídico suficiente, le resta garantía a la efectividad del proceso”, explicó Pardo.
Aún así, reconoció que en caso de contar con estas garantías, los beneficios del diálogo serían muy positivos. “Este tipo de estrategias podrían incluir programas de reinserción social y económica para los miembros de las bandas, lo cual les otorgaría alternativas legítimas para ganarse la vida, reduciendo de esta forma la recurrencia delictiva y ayudando a fortalecer el tejido social”, dijo.
Pardo enfatizó que este proceso sentaría precedentes legales y estructurales que además, ayudarían a fortalecer el sistema judicial y las políticas públicas de seguridad del Distrito.
El Plan Titán
Aunque la Alcaldía sigue adelantando operativos en el marco del Plan Titán 24, el experto asegura que el inicio de unos diálogos no tendrían por qué interferir con esta estrategia de seguridad, pues incluso, puede llegar a reforzarla.
“Los procesos de diálogo pueden complementar las estrategias de inteligencia y control territorial para identificar y desmantelar estructuras criminales, al proporcionar información valiosa sobre las operaciones y al colaborar con los organismos de seguridad y justicia, lo cual mejoraría la eficiencia de las operaciones de seguridad”, dijo.
De esta manera, se puede facilitar la cooperación con estos actores y promover su integración en los procesos de paz y legalidad.
El reto sigue
Aunque ha pasado más de un mes desde que el alcalde lanzó la propuesta, aún no se ha visto una respuesta del Gobierno nacional con relación a la situación de violencia en Cartagena, ya sea mediante la posibilidad de iniciar unos diálogos o de reforzar las acciones contra la criminalidad.
Hasta la fecha el Plan Titán 24 ha reportado como principales resultados la captura de 2.384 personas por diversos delitos, donde se destacan 833 por tráfico de estupefacientes y 62 por homicidio.
En este sentido, el experto sugirió complementar estas acciones con otras estrategias integrales que busquen atacar las causas estructurales de la violencia. “En el caso de Cartagena estas parecen estar determinadas por la pobreza y la desigualdad, tal como ya se ha manifestado en diferentes informes y estudios realizados por el Cosed”, puntualizó Pardo.