A través de un comunicado, el Consejo Gremial de Bolívar (CGB) hizo un llamado público a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y al Ministerio de Ambiente para que se revoque la Resolución 322 de 2024, por medio de la cual se le exige licencia ambiental al megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”.
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Los gremios insisten en que esta medida está retrasando la ejecución de las obras, las cuales son vitales para evitar inundaciones, recuperar los ecosistemas y prevenir daños ambientales.
“La Resolución 322 de 2024 prolonga la fase de preconstrucción de 18 a 30 meses, generando mayores costos para el Estado, riesgos en la viabilidad financiera del proyecto y posiblemente demandas. Las demoras exponen a las comunidades ribereñas a riesgos de inundaciones, como las ocurridas en 2010 y profundizan el deterioro de los ecosistemas del canal del Dique”, advirtieron.
El CGB recordó que la ANLA ya le había dado luz verde al proyecto con la aprobación de un plan de hidrosedimentológico en el 2017, por lo cual solicitaron que en vez de exigir el trámite de una licencia ambiental se actualice este instrumento y se le haga el monitoreo necesario.
“Instamos a la ANLA y a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a reconsiderar la Resolución 322 de 2024 y permitir la ejecución del proyecto sin obstáculos innecesarios. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a la sociedad civil para apoyar esta iniciativa y así podamos asegurar un futuro sostenible para el territorio”, puntualizaron.
Lo que dice la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación también se ha pronunciado con relación a este tema. De hecho, el 5 de abril pidió a la ANLA revertir la resolución que exige la licencia. La acción se hizo en coadyuvancia a un recurso de reposición interpuesto por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena).
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El ente de control hizo énfasis en el plan hidrosedimentológico aprobado en 2017, por lo que cuestionó el hecho de que siete años después se pida una licencia.
“Dicha situación resulta altamente preocupante para este Ministerio Público, toda vez que esta conclusión técnica se produce siete años después de la presentación del proyecto para consideración de la autoridad ambiental”, manifestaron.
En este sentido, la Procuraduría pidió al ente de control continuar con el plan de manejo hidrosedimentológico existente e imponer las obligaciones ambientales adicionales que se consideren necesarias vía seguimiento.
Los argumentos de la ANLA
En la Resolución 322 del 29 de febrero de 2024, la ANLA determinó que si bien el proyecto del canal del Dique contaba con un plan hidrosedimentológico, este no era suficiente para “prevenir, corregir, mitigar y compensar los potenciales impactos que pueden tener las obras en áreas protegidas”.
Así mismo, indicó que este plan no cuenta hoy con información actualizada que permita garantizar el adecuado manejo de los efectos ambientales asociados al proyecto.
“El plan hidrosedimentológico no puede tener una equivalencia funcional a un instrumento de manejo y control ambiental con el valor constitucional de la licencia ambiental, al que se pueda efectuar seguimiento y control por parte de esta autoridad, para determinar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo que deban implementarse en el área de intervención”, dice la resolución.
Por este motivo, se requirió la elaboración y presentación de un Estudio de Impacto Ambiental encaminado al trámite de la licencia.
Sobre el megaproyecto
El megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” contempla una inversión de $3 billones y consiste en la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar; y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del canal del Dique.
Estos trabajos prometen controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, los sedimentos que ingresan a la bahía de Cartagena y mejorar la navegabilidad del canal.
De este proyecto se beneficiarán municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.