El 27 de abril de 2017 es un día que aún está en la memoria de los cartageneros. Pasadas las 10 a.m. de aquel lunes, comenzó a difundirse la noticia de que un edificio en construcción en Blas de Lezo se había desplomado y más de 40 obreros habían quedado atrapados.
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Los organismos de socorro se desplazaron al sitio y con la ayuda de los vecinos trataron de sacar a los trabajadores de los escombros, sin embargo los esfuerzos no fueron suficientes: la tragedia había dejado 21 muertos.
El desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II quedó para la historia como un suceso que pudo evitarse, pues días después se dio a conocer que su construcción estaba llena de irregularidades.
Fue allí cuando un apellido comenzó a sobresalir en medio de todo: “Quiroz”. Esta familia, que más tarde comenzaría a ser reconocida ante la opinión pública como un “clan”, no solo había estado detrás de la construcción del edificio que se cayó, sino de más de 30 inmuebles que no cumplían con las normas urbanísticas y además, ya habían sido vendidos.
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Las investigaciones se abrieron y los procesos judiciales avanzaron con los años, al tiempo que de parte del Distrito se intensificaron los controles urbanos, con el fin de evitar la repetición de una tragedia similar a esta, que dejó 21 pérdidas humanas y a cientos de familias sin vivienda.
El desalojo de los edificios
Pasado el 27 de abril de 2017, las investigaciones llegaron hasta una red de construcciones en Cartagena que, al igual que Portales de Blas de Lezo II, habían sido construidas por el ‘clan Quiroz’ de forma irregular. Así mismo, estudios realizados por la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional, revelaron fallas estructurales en los edificios.
Frente a esto, en 2018, la Alcaldía de Cartagena ordenó evacuar las propiedades pero muchas familias se opusieron ante la falta de garantías. La situación las obligó a presentar acciones judiciales, que finalmente ordenaron al Distrito entregarles un subsidio de arriendo mientras se resolvía su situación.
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En todos estos años las familias han estado a la expectativa de que se haga justicia, con el fin de ser reparadas y así recuperar el dinero que invirtieron en sus apartamentos. Afortunadamente, este 2024, algunos procesos comenzaron a resolverse.
Los condenados
El 7 de marzo de 2024, el Juez Octavo Penal del Circuito de Cartagena con funciones de conocimiento, condenó a los hermanos Wilfran, Eusebio, Emis y María de las Nieves Quiroz, por los delitos de uso de documento falso, fraude procesal y estafa en modalidad de masa. Reynaldo Camargo Ruiz, constructor de la firma, también fue condenado.
Estas personas fueron sentenciadas a 11 años y cinco meses de prisión domiciliaria y también tendrán que pagar una multa de 320 salarios mínimos legales vigentes.
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“Se logró establecer que 34 edificios construidos por la familia Quiroz en Cartagena no reunieron los requisitos de las normas urbanísticas. Para ello aportaron licencias de construcción falsas que posteriormente fueron presentadas en notarías y en las oficinas de Instrumentos Públicos y así obtuvieron escrituras y registros de los apartamentos que estaban a la venta”, dijo la Fiscalía.
De igual forma, el 3 de abril se conoció otra decisión contra los hermanos Jonathan y Luis Fernando Rivera Quiroz, quienes fueron condenados a 7 años y ocho meses de prisión domiciliaria por su responsabilidad en la construcción de dos edificios. También tendrán que pagar una multa de 4.800 salarios mínimos legales vigentes.
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“La Fiscalía logró demostrar que dichas obras se realizaron con soportes de licencias de construcción falsas porque no cumplían con los requisitos exigidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tales como que las áreas mínimas requeridas para la construcción no se ajustaban a las normas urbanísticas exigidas”, expuso el ente acusador.
Las víctimas recibieron estas condenas con la esperanza de ser reparadas por los perjuicios que sufrieron y esperan que estas decisiones sirvan de referente para que no se presenten más hechos como estos.
Funcionarios inhabilitados
El desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II también reveló un entramado de corrupción dentro de la Alcaldía de Cartagena. El pasado 18 de marzo, la Procuraduría confirmó un fallo de segunda instancia contra tres exfuncionarios que recibieron coimas a cambio de facilitar la construcción de los edificios, incluyendo el de la tragedia.
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Se trata de Gilberto Marrugo Maldonado, Ricardo Javier Castellar y Jorge Luis Cudris, quienes trabajaban en las alcaldías locales 2 y 3. “El ente de control comprobó que por parte de los disciplinados hubo permisividad, tolerancia, facilidades y colaboración para que los constructores iniciaran o continuaran proyectos que no cumplían con los requisitos legales, mientras se incrementó de forma simultánea e injustificada su patrimonio”, estableció la Procuraduría.
Por esto, los exfuncionarios fueron destituidos e inhabilitados por 19 años para ejercer funciones públicas.
Serán absueltos
Por otro lado, este 23 de abril se conoció que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena absolverá a Olimpo Vergara, exdirector de Control Urbano y a Alfonso Ramos, inspector de Policía de Blas de Lezo en 2017.
A ambos se les investigaba por el delito de prevaricato por omisión, sin embargo el juez determinó que no tienen responsabilidad penal en el desplome del edificio. Se espera que el fallo sea emitido el 26 de junio.