El pasado 12 de abril, en el sector de Punta Gigante, cerca de Cartagena, la embarcación ‘Baharí’ de la empresa Mareta Group, que se dirigía desde las Islas del Rosario hacia Cartagena, se hundió mientras transportaba a 14 personas a bordo, incluidos 12 pasajeros de nacionalidad estadounidense junto con su tripulación colombiana. Tras lo ocurrido, la empresa dueña de la embarcación emitió un comunicado refiriéndose a declaraciones que se han hecho desde distintos sectores.
En su momento, Teremar Londoño, secretaria de Turismo, aseguró: “La empresa no cuenta con un RNT vigente y se podrá proceder a suspensión y sanción de la misma. Esto también se pondrá en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio”.
Asimismo, Anato se refirió al caso. “Rechazamos de forma tajante la mala práctica profesional de algunas empresas del sector turístico que prestan servicios de transporte marítimo, de forma directa o a través de terceros, sin contar con la documentación o permisos exigidos por las autoridades”, expresó el gremio. Lea también: Anato se pronuncia tras naufragio de yate con 14 personas a bordo
Tras esa declaraciones, Mareta Group emitió un comunicado en el que asegura que cuenta con todos los permisos de ley y licencias vigentes. “Anato expresó a la opinión pública que nuestra entidad ejerce una mala práctica profesional y sin permisos de ley. Todo lo anterior en ocasión al desafortunado naufragio de una embarcación menor afiliada a nuestra corporación”, dijeron. Le puede interesar: Yate se hundió cuando transportaba 14 personas a Cartagena
Y siguieron: “El Grupo Mareta y sus armadores afiliados cuentan con todos los permisos de ley y solo contratamos personal idóneo que cuente con licencias vigentes, caracterizándonos por una práctica comercial ética, organizada y bajo los parámetros trazados por la Dimar y la Capitanía de Puerto de Cartagena. Corresponde a la Capitanía de Puerto de Cartagena iniciar una investigación jurisdiccional por siniestro marítimo, donde deberá determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos en mención, dentro del marco de su misión institucional”.
“Nos reservaremos el derecho de iniciar las acciones judiciales que correspondan, en razón al daño reputacional que han ocasionado las declaraciones referidas”, concluyeron.