El 2023 fue otro año en el que quedó en evidencia que aún falta mucho por hacer para garantizar los derechos de la población LGBTIQ+, la cual sigue siendo víctima de violencia basada en prejuicios. Así lo revela el informe “Incontables: sin registro no hay memoria”, realizado por la organización Caribe Afirmativo.
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En Bolívar la situación es preocupante. El informe detalla que el año pasado se presentaron cuatro casos de asesinato, siete de violencia policial, 14 de violencia sexual y 76 amenazas. El panorama se agrava en Cartagena y El Carmen de Bolívar, donde los casos son reiterativos.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, expresó su preocupación por estas cifras e instó a las autoridades a fortalecer la prevención, investigación y sanción de estos hechos.
“Es necesario que la sociedad se comprometa a combatir la complicidad social y a promover una cultura ciudadana que respete y proteja los derechos de quienes construyen sus proyectos de vida desde la diversidad sexual y de género”, puntualizó Castañeda.
La situación en Cartagena
En su informe, Caribe Afirmativo muestra algunos casos reprochables que ocurrieron el año pasado en Cartagena. Entre ellos está el de una mujer trans que fue víctima de violencia policial en el CAI de Los Ejecutivos.
Los hechos ocurrieron en julio cuando un uniformado se rehusó ayudar a la mujer y le habló de forma ofensiva, haciendo referencia a su identidad de género e invalidando sus derechos como ciudadana.
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De acuerdo con Caribe Afirmativo, este caso pone de manifiesto cómo el prejuicio arraigado en la sociedad ha desencadenado en una discriminación sistemática contra las personas LGBTIQ+.
“La intolerancia y los estigmas asociados con la diversidad sexual han permeado instituciones como la Policía y han contribuido a la creación de un entorno hostil para las personas diversas, hasta el punto de socavar y anular sus derechos humanos”, expone la organización.
Pero este es apenas uno de tantos los casos que ocurrieron en 2023, pues la realidad es que la población LGBTIQ+ sigue expuesta a ser víctima de violencia.
“Las situaciones de discriminación en la ciudad se acentuaron en Los Ejecutivos, Las Gaviotas, El Pozón, San Francisco, Villa Grande y Loma Fresca. En estos barrios son recurrentes los hechos de violencia verbal y física hacia las personas LGBTIQ+ a causa de vecinos o vendedores informales”, dice el informe.
Así mismo, el documento revela las condiciones precarias en las que viven muchas personas, mostrando que la violencia más allá del maltrato físico o verbal, también es estructural.
“La base de datos de Caribe Afirmativo, tomando como referencia un muestreo de 170 personas, muestra que apenas el 6,4% cuenta con un empleo digno y únicamente el 30% ha logrado acceder a educación técnica, tecnológica o universitaria”, dice el informe.
Frente a esto, desde la Secretaría de Participación de la Alcaldía de Cartagena manifestaron que trabajarán en varias líneas de acción con el fin de atender las necesidades que se han identificado.
Entre estas se encuentra el desarrollo de la política pública para la población LGBTIQ+, rutas para la atención de casos de violencia, protocolo de casos urgentes, acompañamiento a la mesa técnica, capacitaciones para funcionarios e incentivar el emprendimiento.
La incidencia del conflicto
En su informe, Caribe Afirmativo también resaltó la incidencia del conflicto armado en la violencia contra la población LGBTIQ+. De hecho, el año pasado 20 personas en Bolívar solicitaron medidas de protección. La situación ha tomado protagonismo en El Carmen de Bolívar, donde hay presencia de grupos armados ilegales.
En este municipio, en abril del año pasado, se registró el asesinato de Dania Sarith Polo, una mujer trans líder en el territorio. De acuerdo con la organización, la investigación de su caso ha avanzado lentamente, sin información que permita investigar a los responsables.
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Y es que en El Carmen de Bolívar, desde hace tiempo han venido circulando panfletos contra la población LGBTIQ+. “Estos panfletos estigmatizaban a grupos históricamente discriminados, como personas trans y trabajadoras sexuales. Contenían mensajes que cuestionaban las identidades y prácticas sexuales, otorgándose el actor armado el poder determinar qué acciones son válidas en el territorio”, explica Caribe Afirmativo.
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Estas intimidaciones ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas LGBTIQ+ que habitan en este municipio, donde también se evidencian obstáculos en el acceso a la justicia.
Con relación a este panorama, Marcia Escobar, directora de Inclusión de la Secretaría de la Igualdad de la Gobernación de Bolívar, manifestó que el objetivo de la administración es lograr el cumplimiento de la política pública de diversidad con la que cuenta el departamento.
Para esto, se desarrollaron cinco líneas de acción que recogen las principales preocupaciones de la población LGBTIQ+. La primera está relacionada con el respeto y la sensibilización para erradicar la violencia; la segunda busca atender las dificultades en entornos familiares y sociales; la tercera, promover el emprendimiento y la empleabilidad; la cuarta, brindar acceso y garantías para la educación; y la quinta, fortalecer los mecanismos de protección de derechos. “Buscamos que haya un mecanismo articulador que sea efectivo y les dé la garantía de sentirse seguros en sus territorios”, puntualizó Escobar.
De esta manera, se busca brindar una atención integral a la población LGBTIQ+ que más allá atender los casos de violencia, busque prevenirla y mejorar su calidad de vida.