En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó este lunes, 18 de marzo de 2024, la destitución e inhabilidad por 19 años de tres exfuncionarios de las alcaldías menores, acusados de omitir sus funciones de control a las construcciones en Cartagena, entre ellas el edificio Portales de Blas de Lezo II, construido por el ‘clan Quiroz’ y que colapsó el 27 de abril de 2017. Lea aquí: Condenan a cinco miembros del ‘clan Quiroz’: tendrán prisión domiciliaria
Se trata de Gilberto Marrugo Maldonado, que para el momento del desplome era funcionario de la Alcaldía Local 2, Ricardo Javier Castellar y Jorge Luis Cudris Pájaro, vinculados a Localidad 3, acusados de recibir coimas entre 2013 y 2017 a cambio de permitir y facilitar la construcción de más de 10 edificaciones ilegales y de aumentar su patrimonio de manera irregular.
El Ministerio Público comprobó que por parte de los disciplinados hubo permisividad, tolerancia, facilidades y colaboración para que los constructores iniciaran o continuaran proyectos que no cumplían con los requisitos legales.
Para el Ministerio Público los tres cometieron los delitos de cohechos propio y urbanización ilegal, con ocasión del cargo o función, al pasar por alto irregularidades que pusieron al descubierto una práctica generalizada de urbanizar ilegalmente con la participación de servidores públicos. Le puede interesar: “Con el desmonte de Aquarela se extirpa un tumor maligno en Cartagena”
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó el fallo proferido en primera instancia (agosto de 2022), la sanción impuesta, el grave daño social de la conducta y la calificación de las faltas como gravísimas cometidas a título de dolo.
El 27 de abril de 2017 se desplomó el edificio Portales de Blas de Lezo II, el cual en esos momentos estaba en construcción y cuya tragedia dejó como saldo 21 personas muertas.
Tras el suceso, se desplegó toda una investigación que dio con un entramado de ilegalidad en un total de 16 edificaciones en Cartagena, las cuales fueron construidas por el denominado “clan Quiroz”.
Quienes compraron sus viviendas en estos sitios se vieron obligados a desalojar debido a que según estudios realizados por la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional, las edificaciones no cumplían con la norma de sismoresistencia.