La organización Caribe Afirmativo se pronunció tras la expedición del Decreto 0003 de 2024 que establece medidas restrictivas en el Centro Histórico para combatir fenómenos como la trata de personas y la comercialización de estupefacientes.
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La norma prohíbe expresamente el ejercicio de la prostitución y afines, lo cual preocupó al colectivo por la posible vulneración de los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual.
“A dos días de la aplicación del decreto nos preocupa la revictimización y la criminalización que el ente territorial hace del trabajo sexual. Están aumentando su nivel de riesgo”, afirmaron.
La organización reconoció el esfuerzo de la administración distrital de tomar medidas contra la trata de personas, sin embargo reiteró que el trabajo sexual no es un delito.
“Dicho decreto es coercitivo, ya que, en materia de derechos pone en riesgo la vida de las personas trabajadoras sexuales, entre ellas muchas personas trans que se encuentran en riesgo en la ciudad a ser víctimas de esclavitudes modernas”, manifestaron.
Además, la organización aseguró que es preocupante que sea la fuerza pública la encargada de ejercer el control sobre el trabajo sexual, pues aumenta el riesgo de posibles abusos.
“En el último informe de derechos humanos de Caribe Afirmativo, logramos constatar que en Cartagena, entre 2022 y 2023 se presentaron 11 casos de violencia, persecución y aplicación selectiva de la ley por parte de la Policía Metropolitana a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, con especial afectación a las migrantes venezolanas y quienes están en habitabilidad de calle. Por eso, una medida de poner fin a estos delitos debe ser integral”, puntualizaron.
El colectivo agregó que la regulación del espacio público se debe hacer a través del Plan de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta lo que establece la ley en materia de regularización del trabajo sexual.
A continuación se presentan los siete puntos por los cuales Caribe Afirmativo considera que el decreto es violatorio de los derechos humanos, así como sus propuestas a la administración distrital.
1. El decreto criminaliza todas las formas de trabajo sexual en el Centro Histórico, afectando el derecho al trabajo.
2. Pese a que el decreto menciona el informe ‘Invisibles: un abordaje exploratorio y descriptivo al fenómeno de la trata de personas en Cartagena en clave de diversidad sexual y de género’, realizado por Caribe Afirmativo, la interpretación realizada por el Distrito desconoce lo que busca el documento, que es garantizar los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual.
3. El informe pide a la administración distrital activar de inmediato una mesa de trabajo donde participen las trabajadoras sexuales y construir una hoja de ruta que prevenga y sancione los delitos sin aumentar los riesgos hacia ellas, algo que no ha sido atendido.
4. En octubre pasado se invitó a un debate público sobre el uso del suelo para reconocer las voces de las personas que ejercen el trabajo sexual como grupo históricamente discriminado para no afectar sus derechos.
5. Las medidas deben ir orientadas a la protección y no a la revictimización. La ciudad está en mora de socializar la ruta de atención a casos de trata de personas y garantizar su perspectiva diferencial con énfasis en las diversidades sexuales y de género. La ruta fue el resultado de mesas realizadas en la administración anterior pero aún no se ha hecho pública.
6. Se propone instalar una Mesa de Casos Urgentes con la población históricamente discriminada y reconocida como grupo de especial protección, como las trabajadoras sexuales, con el fin de construir una ruta de acción de forma participativa y garantizar sus derechos.
7. Se invita a la Alcaldía a consultar el informe ‘Invisibles: un abordaje exploratorio y descriptivo al fenómeno de la trata de personas en Cartagena en clave de diversidad sexual y de género’ entre las páginas 163 y 171, donde se establecen recomendaciones construidas con las personas trabajadoras sexuales para abordar la situación de forma integral.
Caribe Afirmativo invitó al alcalde y a su equipo de gobierno a revisar el decreto y a garantizar los derechos de estas personas. “Saludamos el interés de poner fin al delito de trata y de las esclavitudes modernas en la ciudad, pero es necesario que sea a través de estrategias que no caigan en la revictimización ni aumenten los niveles de riesgo y vulnerabilidad para las víctimas”, finalizaron.