Ayer, 25 de diciembre, en medio de la resaca navideña, el sánduche de pernil y los niños estrenando sus bicicletas, gran parte de la ciudad conoció sobre una presunta red familiar de estafas hipotecarias con supuestos vínculos con el clan Quiroz y el grupo político de Manolo Duque. Entramado que hoy es investigado por la Fiscalía 65 Seccional de Cartagena luego de varias denuncias interpuestas.
La primera entrega de este reportaje, publicado ayer (La presunta red de estafadores supuestamente heredera del clan Quiroz), versó en cómo presuntamente actúa la red conformada por los miembros de una misma familia, supuestamente en contubernio con funcionarios de notarías y de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena para realizar negocios hipotecarios, inmobiliarios o de préstamos de forma irregular, según las denuncias, con los que luego personas pierden sus propiedades o su dinero.
Las víctimas lo entregaban todo luego de ser presuntamente enredadas por distintas figuras jurídicas. Por ello, hoy, la Fiscalía, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), investiga a tres personas denunciadas: Claudia González, su hijo David Vargas y a Natalia Muñoz Perea, esposa de este.
A continuación, en esta segunda entrega, conozca los detalles más recientes del caso, las presuntas “jugaditas” de los procesados, la postura de una de las denunciadas y lo que esperan las posibles víctimas.
Nuevos componentes
2023. Cinco años después que la ciudad conociera al alemán por varias notas de El Universal, hoy reposan muchas denuncias en la Fiscalía 65 seccional de Cartagena contra la pareja de esposos David Vargas y Natalia Muñoz Perea, y la madre del primero, Claudia González.
“Ya escalamos de nivel la denuncia a investigación. La Fiscalía se comprometió con poner toda la capacidad institucional para judicializar a los hoy procesados. Además, acudimos a la Superintendencia de Notariado y Registro en Bogotá, entidad que nombrará una comisión para atender de cerca este caso y el desarrollo de la investigación”, precisa un abogado.
Lo que se narra en las denuncias es que los esposos Vargas – Muñoz reinventaron presuntamente junto a la señora Claudia el modus operandi del alemán para hacer negocios ficticios con escrituras falsas, incompletas e invalidas a las que protocolistas en las notarías les imprimían el sello de legalidad.
“Estas escrituras tienen unas irregularidades como fechas falsas y no llenan los requisitos legales para haber sido inscritas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Toda esta sarta de mentiras las pusimos en evidencia ante Paola Serna Tobías, inspectora de la Comuna 13 de Cartagena, quien prometió compulsar copias a la Fiscalía; sin embargo, han pasado los meses y ella no ha hecho absolutamente nada. Incumple su deber legal excusándose con que tienen mucha ‘carga laboral’. No queremos pensar que el poder de la red llegue a influir en el trabajo de un servidor público, en el despacho de la Inspección de Policía”, denuncia uno de los abogados.
“Ya no solo buscan gente que quiera un préstamo dando en hipoteca una propiedad, sino a personas que quieran invertir y sacar dividendos prestando su dinero a cambio de una hipoteca que luego se dan cuenta que es falsa. Las escrituras nunca se protocolizan porque son falsas ni existe hipoteca alguna, o si existían, las personas no tenían nada que ver con ese negocio. Usaban otras identidades, hasta la de una niña de cinco años, para celebrar un negocio jurídico falso y criminal que bien sabían en las notarías que era ilegal”, explica una fuente consultada.
En varias denuncias se expone que la red lleva a las personas a ver casas, apartamentos, bodegas y propiedades para que vieran en qué estaban invirtiendo su capital; no obstante, se ayudaban de supuestos cómplices para dramatizar que todo estaba en regla.
“Otro modo es que cogen los bienes a nombre de ellos, le dan un poder a un tercero para hacer la hipoteca, y en la notaría hacen todo el maquillaje para convencer que es este tercero el dueño de la propiedad y hacen certificados de tradición falsos; no obstante, al final son estos esposos los dueños, y si les reclaman, pues la víctima lo que tiene es un papel falso, sin utilidad jurídica”, explica un abogado denunciante.
“Las víctimas confiaron, en este caso nuestros clientes, pues tenían años conociendo a esa familia, a la señora Claudia, quien se encargaba de todos esos asuntos y no sospecharon nada. Claudia era prácticamente de la familia, los hijos eran pastores, -presuntamente- usaban el tema de la religión y los invitaban a la iglesia para anular cualquier sospecha”, puntualiza un abogado denunciante.
“No entendemos cómo, a través de los años, estos negocios se den en las notarías, y en Instrumentos Públicos no hagan nada ante el sinnúmero de alertas y denuncias, y sigan inscribiendo documentos públicos sin el lleno de requisitos legales. Hay cantidades de personas llenando estas escrituras y estos rangos medios siguen manejando todo esto, independientemente de la administración de turno. William Dau ni siquiera sabrá de esto”, devela el jurista.
¿Qué esperan los denunciantes?
Lo que buscan las personas y familias presuntamente víctimas de la supuesta red familiar de estafas, especialmente del trinomio Claudia González, David Vargas y Natalia Muñoz Perea, es que ellos paguen.
Sin embargo, se sienten en una carrera contra el tiempo, pues en un intento reciente de embargar y secuestrar un bien inmueble para que David Vargas y su esposa respondan, ellos vendieron el edificio. “Ya no aparece a nombre de David, ya que se lo vendieron a una empresa que se llama Globe Exportation International SAS”, denuncia uno de los abogados.
“Resulta que Natalia y David son accionistas y David es el subgerente de la empresa. La cédula de la dueña de la empresa de exportaciones es de una señora humilde. Es como en las películas cuando el criminal mafioso pone propiedades a nombre de sus sirvientas”, subraya el jurista, quien aseveró que están haciendo todo lo posible para que estas personas recuperen su dinero, “si la ley actúa como debe ser, debe darse”.
“Ellos tienen con qué devolver, pues tienen muchísimas propiedades, como edificios. Sabemos que tienen niños pequeños, así que de seguro no quieren escándalos ni embargos, pero ellos están empecinados en una posición prepotente y arrogante de que no van a pagar y que hagamos lo que se nos dé la gana. Natalia es muy pedante y David es soberbio porque nunca los han metido presos en las investigaciones anteriores, gracias a las conexiones políticas y judiciales que puedan llegar a tener con su mamá y con su suegra política”, expone un denunciante.
Los abogados aseguran que los acercamientos para conciliar han sido infructuosos. El matrimonio firmó un supuesto contrato de acuerdo de pago, pero estaba viciado ya que, según los juristas, iban a pagar con los mismos apartamentos a todas las víctimas, una supuesta estratagema “para ganar tiempo” y sí comprometer a los denunciantes con cláusulas leoninas que solo los beneficiaban a ellos.
“Querían que los denunciantes aceptaran que ellos se queden con los apartamentos hasta su venta y que las partes renuncien a presentar futuras demandas civiles, administrativas, policivas, penales, entre otras, ante las autoridades competentes. Un contrato totalmente inválido”, asevera una de las fuentes, quien indicó que los apartamentos quedan en el edificio Kairos, en Alto Bosque, construido por el Clan Quiroz, pero de propiedad de David Vargas.
“El único folio de matrícula es del terreno del edificio, no tiene reglamento de propiedad horizontal; por ende, ¿cómo pretende la pareja responder con la hipoteca de cinco apartamentos que no tienen escritura? Eso es ser corrupto, lo que contrasta con la bulla de una familiar de ellos, quien lleva años acusando de corrupción a diestra y siniestra, pero la hija es una delincuente de alto nivel. En entrevistas siempre pone a su hija como una empresaria y pastora de una iglesia, a su familia como la gente más correcta, pero es ilógico que ella, al ser una persona tan influyente, no sepa de estos fraudes y de las investigaciones de vieja data”, señala un denunciante.
Al respecto de esto, Natalia Muñoz Perea vincula las denuncias con supuestos problemas personales y diferencias económicas entre una familia y su suegra Claudia González.
“Seguramente son los que están detrás de todo esto e interesados en que salgan notas malintencionadas en los medios. Mi esposo habló con ellos, con el fin de brindar soluciones, y firmó unos títulos valores que utilizaron de mala fe para presentar un proceso ejecutivo y nos amenazaron en ese momento de que nos iban a denunciar”, expone.
En la otra acera, además del resarcimiento económico que esperan familias que hoy están quebradas, según las denuncias, al perder sus ahorros de toda la vida, sus bonos pensionales o que sus vidas se alteraron por “confiar ciegamente”, también piden medidas de aseguramiento carcelarias contra los procesados.