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Cartagena

“Es una afrenta al derecho”: denunciarán al gobernador Blel por el nuevo impuesto

El abogado Alcides Arrieta aseguró que emprenderá acciones en contra del gobernador y los diputados por la ordenanza para cobrar una tasa de seguridad.

“Es una afrenta al derecho”: denunciarán al gobernador Blel por el nuevo impuesto

Alcides Arrieta, abogado cartagenero. //Foto: Archivo El Universal

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Alcides Arrieta, presidente de la Veeduría Observatorio de Policía y Seguridad, y excandidato a la Alcaldía de Cartagena, manifestó su firme oposición al nuevo impuesto que se aplicará en las facturas de energía eléctrica en el departamento de Bolívar, bajo la ordenanza 364 de 2023.

Arrieta anunció que emprenderá acciones jurídicas contra el gobernador Vicente Blel Scaff y los diputados de la Asamblea Departamental, a quienes acusa de desafiar el Estado de derecho y violar flagrantemente la Constitución y la ley.

Según Arrieta, la ordenanza que establece la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana es, a su juicio, manifiestamente ilegal, constituyendo un abuso del derecho y una afrenta al orden jurídico. Lea: Estos barrios de Cartagena pagarán el nuevo impuesto en los recibos de luz

En respuesta a este nuevo impuesto, el representante legal del Observatorio de Policía y Seguridad afirmó que denunciará penalmente al gobernador y a los diputados por prevaricato por acción y peculado en beneficio de terceros.

Arrieta sostiene que este impuesto, que será cobrado a través de los recibos de energía eléctrica, “es una afrenta al derecho, es un abuso del derecho, que han querido convertir como lo han hecho muchas veces en rey de burlas. Han sido advertidos que esa ordenanza es manifiestamente ilegal, corresponde entonces que sean los organismos de justicia como la Fiscalía General de la Nación, quienes determinen esta afrenta y este abuso contra los usuarios y los servicios públicos domiciliarios”. Lea: “El propósito es robar”: Dau, durísimo contra impuesto en facturas de la luz

El abogado agregó: “Como representante legal del Observatorio de Policía y Seguridad haré las acciones anunciadas para que se respete el orden jurídico por estos mandatarios arbitrarios e irrespetuosos”.

Es de recordar que el impuesto afectará a usuarios residenciales, comerciales e industriales, con excepción de los estratos 1 y 2, instituciones educativas oficiales y entidades prestadoras de salud oficiales.

Se espera que las acciones jurídicas anunciadas por Arrieta generen un debate legal en torno a la implementación de este nuevo impuesto y sus posibles implicaciones para la comunidad bolivarense.

El impuesto, destinado al Fondo Territorial de Seguridad Departamental, tiene como objetivo financiar la adquisición de sistemas de videovigilancia, alumbrado público en zonas inseguras, equipamiento para la fuerza pública y programas de sensibilización para la prevención del delito.

La Gobernación de Bolívar estima recaudar más de 42 mil millones de pesos anuales con esta medida, con un impacto significativo en Cartagena, donde se busca obtener cerca del 40 por ciento de los recursos.

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