El constructor Wilfran Quiroz Ruiz ha sido condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena a pagar una millonaria indemnización por daños materiales y morales causados a 18 familias que resultaron víctimas de sus construcciones ilegales en varios sectores de la ciudad. El juez, al resolver un incidente de reparación integral, ordenó el pago de daños materiales tasados en tres mil millones de pesos y daños morales por un valor de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esta sentencia indemnizatoria surge de la admisión de culpabilidad del constructor en el delito de urbanización ilegal en concurso homogéneo sucesivo, por el cual ya había sido condenado en julio de 2017 a cuatro años y medio de prisión y una multa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
Las demandas fueron presentadas por 18 familias que habían comprado apartamentos en varios edificios construidos por Quiroz Ruiz, incluidos el Edificio Portales de Los Caracoles, Portales de Los Caracoles II, Edificio Portal de Blas de Lezo y Edificio Villa Ana. Lea aquí: Víctimas de los Quiroz temen que haya impunidad
El juzgado calculó los daños provocados por Quiroz Ruiz en función de un peritaje realizado por un funcionario del CTI de la Fiscalía, quien ajustó el valor de los apartamentos y gastos legales a los precios actuales utilizando los Índices de Precios al Consumidor (IPC) proporcionados por el DANE. Lea también:
La decisión del tribunal ampara a 22 víctimas (18 familias) que deberán recibir la indemnización por daños materiales y morales por parte de Wilfran Quiroz que asciende a más de 3.000 millones de pesos.
“En ese sentido solo se reconocerán como perjuicios materiales los que vienen reconocidos dentro del dictamen pericial y los perjuicios morales que se fijan a criterio del Juez”, indica la resolución. Lea también: Drama de víctimas de los Quiroz: embargados por los bancos y por el Distrito
“Por el impacto del suceso, y teniendo en cuenta la inseguridad vivida por quienes invirtieron sus recursos en comprar una vivienda y la zozobra seguida después de creer que ya habían resuelto el problema de vivienda y por tener que deambular sin norte buscando apoyos institucionales y de familiares. Todas estas circunstancias negativas justifican que los perjuicios morales para cada una de las víctimas corresponderán a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes”, señala la sentencia.
La sentencia condenatoria también establece que contra esta decisión cabe la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.