La mañana del 26 de octubre de este año la Alcaldía de Cartagena expidió el Decreto 1390 de 2023, que ordena suspender por un término de cuatro meses los cierres que estaban programados para las playas de la península de Barú, incluyendo Playa Blanca. Lea: Tras orden judicial, suspenden decreto de cierres de Playa Blanca
La decisión obedece a una orden judicial del Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales, que tras una tutela presentada por las comunidades de Barú, pidió a la Alcaldía suspender la medida. También le puede interesar: Juez ordena suspender decreto de cierres de Playa Blanca
El Distrito impugnó el fallo de primera instancia y el trámite de este recurso aún no ha sido resuelto, sin embargo de igual forma se decidió acatar la orden del juez.
Secretaria del Interior
Ana María González, secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena en diálogo con El Universal se refirió a la derogación del decreto que tenía cierres estipulados a balnearios de la zona insular del Corralito de Piedra.
“Salió un decreto derogatorio del decreto de cierre. Yo no tenía un capricho de cerrar Playa Blanca, yo les expliqué cuando hicimos la mesa de trabajo con ellos es que las razones del cierre era para ayudarles a mejorar el destino porque eran ellos lo que estaban perdiendo clientes por todos los problemas que había en el balneario.
Y continuó: “Yo no voy a impedir nada sobre ellos, si ellos no lo querían, entonces no. Ellos se comprometieron de que iban a organizar unas jornadas de limpieza”.
Sin consulta previa
De acuerdo con el fallo de primera instancia no hubo concertación con las comunidades antes de expedir el decreto que establecía los cierres, los cuales iban a ser dos días cada mes hasta junio de 2024. De hecho, el juez constató que antes de expedir el acto administrativo se desarrolló un comité donde no se evidenció la participación de los consejos comunitarios de Barú, Ararca, Santa Ana y Playa Blanca.
“La medida si bien tiene como fundamento la protección ambiental, compromete los derechos de la comunidad afrodescendiente que reside y trabaja del turismo, de la explotación de los recursos naturales de esas playas, y se ve directamente afectada en sus dinámicas culturales, económicas, laborales y ancestrales al restringírseles su uso”, dice el fallo.
Para el juez, la Alcaldía de Cartagena debió solicitar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior la realización de una consulta previa para poder tomar una decisión en torno al decreto.