La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria al gerente de la Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena, Eduardo Enrique Sayas, al parecer, por los malos manejos de los recursos de la entidad. Esta iniciativa del Ministerio Público se da tras las innumerables denuncias en la prestación del servicio y la crisis financiera en la que se encuentra sumida.
Según la Procuraduría, desde hace varios meses, afiliados y trabajadores se vienen quejando de la deficiente prestación de los servicios de salud, lo que ha originado la deserción de muchos de ellos a otras EPS.
“Un informe de la Junta Directiva de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena, del 18 de noviembre de 2022, y que forma parte de algunos documentos recopilados por el ente de control, evidencia los problemas presupuestales al señalar que “el monto de los ingresos es insuficiente para garantizar la prestación de los servicios de salud, por cuanto no existe sostenibilidad ni razones financieras que permitan asumir una adecuada y continua prestación de servicios”, señaló el Ministerio Público en un comunicado. Lea aquí: ANT recupera dos predios más en Islas del Rosario: ya van 11 en total
La difícil situación de la Caja de Previsión se agudiza con el embargo del único inmueble activo que posee, “lo que se traduce en una inviabilidad e insostenibilidad financiera e insolvencia”.
La cosa se le complica a Sayas Contreras pues, al parecer, dejó de pagar los aportes de salud, pensión y salariales de los trabajadores desde el año 2018 al 2023.
Los preocupantes hechos, las quejas, los reclamos allegados a la Procuraduría Regional de Bolívar fueron razones, no solo para entablar acciones disciplinarias administrativas, sino también para propiciar mesas de trabajo en aras de buscar una salida que garantice los derechos de afiliados y trabajadores.
El llamado de SOS de los trabajadores
Es importante precisar que, hace algunos días a través de un comunicado a la opinión pública, trabajadores de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena mostraron su preocupación por la situación que están atravesando, pues hace un año no se estarían prestando los servicios médicos a los afiliados de dicha entidad por lo que la sede permanece cerrada. Lea también: Atracos y accidentes por falta de iluminación en tramo del Corredor de Carga
“Los afiliados percibiendo cada vez más inalcanzable el acceso a los servicios de salud, han tomado la sabia decisión de trasladarse de EPS. Desde el año 2017 a la fecha, el 93% de los afiliados migraron a otras EPS; solo en el último año más del 52% de afiliados solicitó traslado”, se lee en el comunicado.
Indicaron que en 2022 consultaron en promedio 17 personas/mes, en su mayoría consultas de control de enfermedades crónicas. Ese año el promedio era de 6 consultas/mes, lo que demuestra la inasistencia y poca confianza hacia la entidad. Ademas, insistieron en que el último trimestre no hubo consultas.
Los afiliados aseguran que la entidad les adeuda más de un año de salarios, ocho años de cotizaciones a pensión, primas de 2022 y 2023, cesantías, intereses, ajuste laboral, vacaciones y bonificaciones entre otras.