Más de 300 personas en 200 viviendas improvisadas habían invadido un gigantesco lote en Mamonal y que bautizaron como Gustavo Petro. Tres meses después de haberse levantado ese asentamiento irregular, la Inspección de Policía de la zona ordenó un operativo de desalojo en el que participaron 600 personas, entre fuerza pública, defensores de derechos humanos, Alcaldía, Personería, Procuraduría, entre otros. Lea: “Queremos nuestro hogar”: protesta de exinvasores de lote en Mamonal
Una vez iniciado el operativo el pasado 28 de septiembre, la secretaria del Interior, Ana María González-Forero entregó un balance de la jornada, destacó que esta se llevó a cabo sin el uso de la fuerza y que los invasores salieron voluntariamente del lote. Sin embargo, ocho días después -hoy-, quienes habitaban el predio bloquearon la vía Mamonal para exigir el derecho a una vivienda digna. También le puede interesar: En fotos: El antes y después del gigantesco lote que fue invadido en Mamonal
“La jornada la estamos haciendo teniendo en cuenta que el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cartagena con función de control de Garantías, admitió y ordenó la intervención de las entidades competentes a garantizar el derecho de las comunidades vulnerables desplazadas por la violencia en Bolívar”, dijo Óscar Abel Mejía Quintero, abogado y representante de la comunidad.
Contó que madres cabezas de hogar, niños y jóvenes, no solo están pidiendo el debido proceso sino el mínimo vital. “Se ha hablado tanto de eso y poco se aplica, pues las políticas distritales actuales no cubren esas contingencias”, agregó.
Y continuó: “Esto es un llamado que se le hace al Distrito de Cartagena, a la Secretaría del Interior, al alcalde (...) que por favor no permitan que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de personas que están aquí que son vulnerables y desplazados”.
Llamado de la Personería
Marlon Yanes, personero delegado para la protección de la comunidad y sujetos especiales de protección constitucional aseguró que desde el Ministerio Público le están garantizando el derecho a la protesta social que los invasores adelantaron en la zona industrial de Mamonal.
“Esta población dentro del marco de las normas y sentencias constitucionales que regulan los desalojos forzosos tiene el derecho de que la administración distrital le muestre caminos y alternativas frente al tema de su derecho a la vivienda digna entre otras necesidades que ellos tienen”, indicó.
Explicó que el Distrito debe realizar jornadas programáticas donde se muestre lo que harán con ese conglomerado de personas. Para Yanes es fundamental que la Alcaldía, Corvivienda, Secretaría de Planeación, entre otras entidades, den a conocer el informe donde indiquen cuáles han sido las ayudas y/o el apoyo que se le ha dado a la comunidad Gustavo Petro en el marco de la normatividad que regula los desalojos forzosos.
Sentencia de unificación
El delegado del Ministerio Público explicó que la sentencia de unificación concluye que los desalojos forzosos son permitidos en aquellas diligencias donde se involucren personas cuya ocupación irregular se deriva de la necesidad de contar con una vivienda son permitidas bajo el entendido de que se proporcionen las herramientas necesarias para garantizar el debido proceso, el acceso por parte de las entidades territoriales a subsidios económicos o adecuación de vivienda como medida temporal a víctimas de conflicto armado, personas en estado de vulnerabilidad por su situación de pobreza extrema y necesidad de vivienda.
Los operativos de desalojo deben contar con el acompañamiento de las autoridades con competencias en la protección de los derechos a quienes corresponderá informar sobre la oferta institucional y programas de atención de acuerdo con sus competencias al unificar las reglas.