A través de un comunicado a la opinión pública, trabajadores de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena mostraron su preocupación por la situación que están atravesando, pues hace un año no se estarían prestando los servicios médicos a los afiliados de dicha entidad por lo que la sede permanece cerrada. Lea: La queja de empleados de la Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena
“Los afiliados percibiendo cada vez más inalcanzable el acceso a los servicios de salud, han tomado la sabia decisión de trasladarse de EPS. Desde el año 2017 a la fecha, el 93% de los afiliados migraron a otras EPS; solo en el último año más del 52% de afiliados solicitó traslado”, se lee en el comunicado. También le puede interesar: ¿Por qué cerraron temporalmente la IPS Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena?
Y continuó: “En 2022 consultaron en promedio 17 personas/mes, en su mayoría consultas de control de enfermedades crónicas. Ese año el promedio era de 6 consultas/mes, lo que demuestra la inasistencia y poca confianza hacia la entidad. En el último trimestre no hubo consultas”.
Caja de Previsión les adeuda más de un año de salarios a sus empleados by JUAN SEBASTIAN RAMOS DEL VALLE on Scribd
Cuentan que el último gerente de la entidad, Eduardo Sayas culminó su tercer período en mayo de 2023, pero que desde esa fecha la Junta Directiva de la Caja de Previsión Social no ha podido sesionar para acordar la elección del sucesor.
“Hay algunos miembros (presidente de ASPU y representante de pensionados) que sabotean las reuniones para impedir el quórum. Pretenden imponer a un funcionario aliado de la administración lesiva, inepta y deficiente que no es garante de solución a los problemas laborales de los empleados. En razón de lo anterior, aparentemente no hay gerente, se han realizado autorizaciones de algunos servicios avalados por el anterior gerente y algunos miembros de junta, sin embargo, la salud del resto de afiliados, salarios y demás prestaciones no son de su interés”, cuentan.
“El déficit financiero es tal que sólo queda el bien inmueble, el cual, está al acecho de algunos miembros de junta que ya la ofertaron con el objeto de restablecer los servicios y solucionar la problemática laboral, que ellos ayudaron a crear. La Universidad de Cartagena certificó ingresos girados a las cuentas de la entidad desde el año 2015 a la fecha que superan el $ 28.219.583, sin incluir otros aportes recibidos”, añaden.
Lamentan que la Fiscalía a pesar de las múltiples denuncias por la presunta apropiación indebida del dinero de las libranzas, no les ha dado respuesta favorable: “Los jueces de circuito negaron el derecho al mínimo vital, la Contraloría emitió hallazgos de ingresos recibidos sin justificar, no ha habido pronunciamiento al respecto de Fiscalía. La Procuraduría abrió procesos preventivos y disciplinarios, aún sin fallo”.
“Hoy, los empleados vulnerados solicitan urgentemente que la junta directiva, entes de control, sean empáticos, acuerden y apoyen designar un gerente, se retomen los salarios y posteriormente continuar con el resto de acreencias.
Medios de comunicaciones locales como 6:25, aseguran que la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Universidad de Cartagena (ASPU) ha cuestionado el presunto “manejo indolente, violador del derecho a la salud y cómplice del desfalco financiero en el cual se encuentra la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena y el trato que le han dado los tres últimos rectores en su intensión de liquidarla”.
Los representantes de los profesores y pensionados, miembros de la junta directiva de la Caja de Previsión Social han citado en múltiples ocasiones la realización de reunión de la junta directiva para el nombramiento del nuevo director o gerente de la caja y todas estas convocatorias ha sido dilatadas.