La Contraloría General de la República evidenció hallazgos con incidencia fiscal que superan los $24.367 millones, en una Auditoría de Cumplimiento y Actuación Especial de Fiscalización adelantada a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) en el departamento de Bolívar.
Hallazgo fiscal por $23.219 millones
La Contraloría Delegada para el Sector Justicia adelantó una Actuación Especial para hacer seguimiento a las órdenes de la Corte Constitucional para que los centros de reclusión estén libres de hacinamiento y cada persona privada de la libertad pueda disponer de una superficie mínima y un espacio lo suficientemente amplio para pasar la noche, así como de una cama individual con su ropa de cama correspondiente en condiciones de limpieza e higiene.
Sin embargo, en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena (EPMSC), ubicado en Ternera, existen pabellones, ampliaciones y estructuras, que no han entrado en operación, lo que no garantiza las condiciones establecidas y aumenta la problemática en los pabellones que actualmente se encuentran ocupados.
Lea aquí: Habilitan 510 nuevos cupos para privados de la libertad en la cárcel de Ternera
Los hechos
En Cartagena, el día 15 de junio del 2023 se visitó el EPMSC - Bolívar, para verificar la implementación del proyecto de infraestructura modular.
Las intervenciones hicieron parte del contrato de obra N°319 de 2019, el cual tenía por objeto “ejecutar las obras equipamiento, montaje, suministro y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria”.
El contrato finalizó el 12 de noviembre de 2022 y a partir de esa fecha surgieron observaciones respecto al sistema de monitoreo y control electrónico. También se encontraba en trámite la conexión de energía eléctrica con la empresa Afinia y la conexión de acueducto y alcantarillado con Aguas de Cartagena, lo cual no permitía el recibo a satisfacción de las instalaciones.
Durante la visita se realizó un recorrido por los tres pabellones que se encuentran sin ocupación actualmente. Se inspeccionó la operación de red hidrosanitaria, la red eléctrica, reflectores, luminarias, unidades sanitarias y demás componentes entregados sin presentar ninguna novedad. Se verificó la disponibilidad de agua potable y correcta descarga de las unidades sanitarias y se realizó un recorrido por los baños y lavaderos comunales para verificar disponibilidad y funcionalidad.
Por parte de la dirección del centro de reclusión se manifestó que la entrada en operación y ocupación de cada uno de los pabellones, está sujeta a la asignación de personal para el cuerpo de Custodia y Vigilancia para los tres pabellones nuevos y la dotación de colchonetas y sábanas.
El establecimiento tiene una capacidad para 1.464 personas privadas de libertad en el sector antiguo y 516 cupos en la infraestructura modular.
Actualmente, se presenta una ocupación del sector antiguo de 1.835 personas, lo que representa un hacinamiento del 25%. Por lo anterior, y ante la falta de puesta en operación de la estructura intervenida, a pesar de haber sido pagada desde el 2020, se evidencia un menoscabo a los recursos públicos por valor de $23.219 millones.