La Representante a la Cámara, Dorina Hernández Palomino, se unió al viceministro de Transporte Eduardo Enrique Maya y al delegado de Tránsito y Transporte de la Superintendencia de Transporte, Oscar Espinosa González, para abordar los desafíos del transporte público en Santa Rosa de Lima Magangué y Maríalabaja.
Según transportadores del servicio público intermunicipal de pasajeros, se han quejado de la falta de cooperación de los empresarios en el proceso de obtención de la tarjeta de operación, especialmente en el ámbito intermunicipal, el transporte urbano y el servicio informal prestado en vehículos no homologados por el ministerio.
Lea además: ¿De dónde ha salido la plata? Ningún candidato a la Alcaldía ha reportado sus ingresos
En un esfuerzo conjunto entre representantes del ejecutivo y el legislativo, se acordó la creación de mesas de trabajo con los transportistas para resolver las diferencias y encontrar soluciones que mejoren la calidad del servicio público de pasajeros por carreteras.
“La reunión se motiva porque hay muchos problemas con los transportadores municipales, donde la mayoría, en Santa Rosa, son empresas de mujeres.
El servicio se regular por orden del Ministerio de Transportes, por la empresa en particular, pero estas empresas no tienen vehículos, si no que cumplen el servicio con buses de Santa Rosa, y abandonaron la ruta porque no les dan planillas ni permiso”; mencionó la congresista.
Y continuó: “el compromiso fue adelantar una reunión con el director de Tránsito y Transporte el lunes, y luego reencontrarse con las mujeres dueñas de los buses y plantear una solución para Santa Rosa”.
La reunión también cobijó otros municipios del departamento. La funcionaria le mencionó a este medio que la situación con Maríalabaja, la cooperativa hizo una migración y con el RUT sólo lograron inscribir 6 buses, pero ese cantidad de vehículos no cubre la demanda de habitantes del territorio. “En realidad tienen 20 vehículos no 6, como registraron, pero 14 no están legales”, mencionó Hernández.
Una situación parecida se presenta en el municipio de Magangué, pero ellos cuentan con 120 buses.
Los compromisos para estos dos territorios, son una salida jurídica transitoria en el Ministerio de Transporte, para legalizar el servicio; y después, una salida estructural que pretendería estudiar el decreto 1079 de 2015, de regulación de transporte y modificar la vigencia de vehículos, en necesidad a los servicios de transportes intermunicipales de Bolívar.
Finalmente, se acordó la implementación de tarifas diferenciales en el combustible, específicamente en el caso de la gasolina, en un plazo de tres meses, en beneficio de los transportadores de pasajeros urbanos e intermunicipales. Esta medida busca aliviar la carga financiera de quienes prestan este vital servicio a la comunidad.