Desde hace algunos meses se ha venido hablando de que varios hospitales y clínicas del país estarían realizando cobros indebidos a las EPS por servicios que nunca se prestaron o que tienen sobrecostos, presentando demandas millonarias por dichos conceptos que terminan con frecuencia en manos de los mismos jueces o despachos judiciales de manera presuntamente ilegal, donde se autoriza el embargo de cuentas inembargables, como los recursos destinados exclusivamente a prestar los servicios de la salud a los afiliados a las EPS. Lea: Contraloría, tras carteles de embargos a cuentas de la salud en el Caribe
Las autoridades investigan si al parecer existe complicidad de abogados, clínicas y jueces de Cartagena en estas posibles irregularidades. De acuerdo con fuentes consultadas por El Universal, el embargo de las cuentas con recursos de la salud pone en riesgo al sistema de salud, situación que también ha advertido en sendos pronunciamientos la Procuraduría Regional de Bolívar y la Contraloría General de la Nación, que aseguran que retener estos recursos afecta la atención y derechos fundamentales de los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. También le puede interesar: Córdoba, reconocido como víctima en el cartel de las terapias
Un abogado consultado por este medio recordó que la “Corte Constitucional, mediante Sentencia T-053 del 2022, determinó que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud depositados en las cuentas maestras de recaudo de las EPS tienen una destinación específica, que es financiar el costo de las atenciones médicas requeridas por los usuarios del sistema de salud y, por tanto, ostentan la calidad de inembargables”.
Es decir, el alto tribunal exhortó a los jueces de la República a no apartarse del precedente constitucional y abstenerse de decretar estas medidas sobre los recursos inembargables, a fin de preservar el funcionamiento del sistema como condición indispensable para la prestación permanente del servicio de salud, razón por la cual estos rubros no pueden ser bloqueados so pretexto de procurar el pago a supuestos acreedores de las EPS.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Circular 014 del 2018, instó a los procuradores judiciales para Asuntos Civiles a intervenir en los procesos “en los que se decreten medidas cautelares de embargo sobre recursos de carácter inembargable del Sistema General de Seguridad Social en Salud, administrados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), teniendo en cuenta lo preceptuado en la Constitución Política, leyes, decretos, jurisprudencia de la Corte Constitucional, circulares de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Ministerio de Salud y Protección Social, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y autos de seguimiento a la Sentencia T-760 del 2008”, enfatizando en todo caso acerca de la inembargabilidad de los recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Pese a lo anterior, según denuncias recibidas por El Universal, algunos jueces de Cartagena han desconocido, de manera injustificada, las disposiciones legales vigentes y la decisión de la Corte Constitucional al respecto, y han aplicado cuantiosos embargos sobre los recursos del sistema a favor de terceros, afectando el cumplimiento del flujo de recursos con las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud.
“Incluso, se ha observado que algunos operadores judiciales han ordenado la entrega de dineros a los ejecutantes, aun a sabiendas de que los recursos girados provienen de cuentas maestras certificadas por la Adres”, indicó una fuente a este medio.
Adicionalmente, en el trámite de procesos judiciales relacionados con la prestación de servicios de salud, diversos despachos judiciales de Cartagena habrían ordenado el pago de servicios que nunca se prestaron o que contienen sobrecostos, lo que fue puesto en conocimiento al Tribunal Superior Judicial de Cartagena, que, en reciente pronunciamiento, acogió los argumentos de defensa de la EPS y ordenó el desembargo de todos los recursos de la salud.