Cumpliendo un fallo reafirmado por la Corte Constitucional, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) devolvió un predio de más de 400 hectáreas en la Isla de Tierrabomba.
La entidad indicó que con la acción cumple un fallo judicial que le ordena devolver cinco globos de terreno en la isla, luego que el proceso de extinción de dominio fallara positivamente para la persona investigada desde el 2008. Lea: Controversia por desalojos en la isla de Tierrabomba
“La entidad, además de cumplir con lo reafirmado por la Corte Constitucional, tuvo como premisa velar por la protección de los derechos y el hábitat de las comunidades negras que viven en la zona. En esta diligencia que adelanta la SAE se logró llegar a acuerdos con las personas a las que se les deben devolver los predios, para beneficiar al menos a 300 nativos con 21 hectáreas, donde podrán conservar sus viviendas, patios y una zona común para construir un colegio y una cancha de fútbol. En esta oportunidad, la SAE manifiesta tener la certeza de los predios que está devolviendo, en razón al uso de herramientas de alta tecnología que facilitó la Fiscalía General, donde se obtuvieron fotografías de alta resolución y georreferenciación con un mínimo margen de error”, señaló la SAE.
Así mismo, la entidad indicó que este es un proceso que llevaba más de 20 años en litigio, en el cual la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) mantuvo un desacato que se prolongó en las anteriores administraciones de la SAE. “Vale la pena resaltar que la sentencia señala que ‘son ocupantes ilegales y de mala fe quienes ingresaron a los predios, materia de entrega, con posterioridad a diciembre de 2009’, pues algunas personas ocupantes de predios VIP han puesto ante los tribunales varías tutelas que han sido rechazadas por esta razón”, puntualizaron.
“Ayer, 13 de junio, se inició la diligencia de restitución de los predios contenidos en la sentencia de la Corte Constitucional que obliga a que estos predios sean devueltos a la persona que había sido afectada en su momento por los procesos de extinción de dominio. Esta diligencia tiene como único sentido cumplir con esa sentencia en los términos que se establecen, con un elemento importante y es que la SAE ha hecho todas las mediaciones posibles para que la población nativa no se vea afectada en este proceso. Estamos garantizando que no sufran algún tipo de desalojo, que se garantice la permanencia de las construcciones y ayer en el recorrido por el territorio también nos pudimos dar cuenta que allí hay una enorme precariedad de las condiciones de vida de la población nativa. Conminamos también a otras agencias del Gobierno que concurran aquí para que no solamente sea el tema de garantizar la vivienda de estas personas, sino también otro tipo de necesidades que deben ser resueltas lo más pronto posible”, expresó Bautista.
Solo para habitar
El funcionario manifestó que tras el recorrido por algunos de los puntos que se están entregando no se encontró mayor oposición a la diligencia, y agregó que se ha trabajado de la mano con las comunidades locales para tratar de explicar previamente, en qué consiste el procedimiento.
De igual forma, Bautista destacó: “Finalmente, tras casi 20 años en los que no se había cumplido el mandato legal y particularmente en los últimos años cuando la sentencia de la Corte Constitucional y del Tribunal de Cundinamarca habían sido expeditos en ordenarle a la SAE la restitución de este predio, nosotros, esta administración, está cumpliendo. Somos obedientes de la Ley de las instituciones y gracias a ello logramos destrabar un proceso que llevaba años sin resolverse. Las diligencias esperamos que culminen la semana entrante, pero eso depende también de las complejidades que encontremos en el territorio”. Jairo Bautista también explicó que el predio entregado hace parte del proceso Dragacol. “Este predio realmente está en un proceso de extinción de dominio vinculado con el caso Dragacol. Luego las autoridades señalan que no hubo dineros ilícitos en la adquisición de estos bienes, lo que afectaba a cinco sociedades que eran inversionistas de este predio. Eso ya se resolvió en las distintas sentencias tanto de la Corte Constitucional como del tribunal y nuestra única función en este caso es devolver lo que lamentablemente tampoco teníamos actualizado en nuestro inventario”.
Bautista dejó ver que estos predios que se entregan serán solo para habitarlos. “Los predios son solamente para habitarlos, porque recordemos que son baldíos de la Nación y solamente hay derechos de ocupación más no derechos de propiedad, y por tanto no podrían ser objeto de venta”.
Dijo que, aunque no hay un censo definitivo, son más de 5.000 personas las que han identificado preliminarmente, que son habitantes nativos de la isla y que en este caso tienen prioridad por parte de la SAE para garantizar estabilidad en cuanto a sus viviendas.
¿Qué pasará en la zona?
El servidor agregó que el accionante en este caso es el señor Fernando Martínez Bohórquez, como lo señala la sentencia de la Corte Constitucional al respecto, y se refirió a lo que pasará con los procesos que se vienen teniendo en cuenta los negocios y edificaciones que hay en la zona.
“Eso le corresponde determinarlo al accionante. Sí, en este momento si él encuentra cualquier tipo de construcción, ya tendrá que ver directamente entre el accionante y quienes allí tenían esa ocupación y cada caso en particular se deberá discutir entre ellos. Nuestra función no es intermediar en esas relaciones. Digamos que lo que nosotros hemos garantizado en este proceso es que la población nativa no se vea afectada por ningún tipo de demolición ni de desalojo, ese ha sido nuestra única prioridad. Esto es lo que hemos logrado trabajar con el accionante, además porque la sentencia de la Corte así lo ordena. Entonces hemos garantizado, hemos buscado que esa línea de la sentencia se cumpla a rajatabla. Si el accionante entra en tratos con otros ocupantes, ya es una cuestión que ellos deberán resolver y que no compete a esta entidad”.