Seis años han pasado desde que se paralizó la construcción del polémico edificio Aquarela, una infraestructura que se levantó a escasos 200 metros del Castillo San Felipe y que según el fallo emitido por el Juzgado Décimo Segundo Administrativo Oral de Cartagena el pasado 31 de marzo, amenaza el patrimonio cultural de la ciudad.
La decisión de primera instancia tomada por la jueza Sandra Zúñiga marcó un precedente debido a que en todos estos años no se había emitido ninguna orden judicial relacionada al edificio. Hasta el momento solo se había tenido en cuenta una medida correctiva emitida por la Inspección de Policía No. 2 en 2018, la cual determinó que el edificio ocupaba 619 m² de espacio público de forma irregular. Es en esta medida que la Alcaldía y el Gobierno han sustentado sus esfuerzos para demoler la obra.
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Sin embargo, a pesar de que la jueza coincidió en que el edificio debe caer, su decisión causó múltiples reacciones, principalmente por parte del Distrito, la constructora y también los compradores del proyecto, que en todos estos años han estado a la expectativa de lo que pasará con las viviendas en las que invirtieron.
La acción popular
El fallo de primera instancia es el resultado de una acción popular presentada por el Ministerio de Cultura en contra del Distrito de Cartagena, la Promotora Calle 47 (constructora de la obra) y la Curaduría Urbana Distrital No. 1, la cual emitió las licencias de construcción del proyecto.
En la sentencia, la jueza ratificó que el espacio público fue vulnerado por la constructora y que esta debe restituir los 619 m² que ocupa indebidamente. Además, se declaró amenazado el derecho a la defensa del patrimonio cultural de la Nación. Para esto, la jueza tuvo en cuenta el concepto del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), órgano asesor de la Unesco, el cual insistió en que el proyecto habitacional ponía en riesgo el patrimonio.
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“La misión Icomos ha sido precisa en manifestar que el proyecto Aquarela, ubicado al pie del Castillo San Felipe de Barajas con sus cinco torres de entre 31 y 32 pisos cada una, perturbaría y destruiría la relación histórico-visual y simbólica existente entre el castillo y sus alrededores, poniendo en peligro uno de los atributos que respaldan el valor universal excepcional de la propiedad”, dice el documento.
Fue en este sentido que en la sentencia también se reprochó el actuar del Distrito, la constructora y de la Curaduría Urbana N°1 por permitir que las obras del edificio se iniciaran.
“Los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación se encuentran actualmente amenazados por el desarrollo del proyecto Aquarela, producto de su licenciamiento y de la construcción de una torre correspondiente a la primera etapa de dicho proyecto, esto a raíz de las conductas (activas u omisivas) desplegadas por las entidades accionadas Distrito de Cartagena, Promotora Calle 47 y la Curaduría Urbana No. 1”, dice el fallo.
Cabe anotar que esta Curaduría entregó las licencias de construcción a Aquarela en resoluciones emitidas en los años 2015, 2016 y 2017, con las cuales arrancó la obra.
En el fallo, también se destaca que al otorgar estas licencias, no se cumplió con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual establece que en el sector de Torices donde está ubicado el proyecto solo se permiten edificaciones que no superen los cuatro pisos.
Así mismo se calificó de negligente la conducta del Distrito por no actuar en ese entonces para implementar un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para proteger el patrimonio.
Presentarán recursos
Uno de los puntos más polémicos de la sentencia es el que ordena tanto al Distrito como a la constructora asumir los costos financieros de la demolición del edificio, “teniendo en cuenta que la Promotora Calle 47 está obligada solo a la restitución de 619 m² de espacio público y en esa proporción deberá asumir tales costos”.
Frente a esto, la Alcaldía de Cartagena presentó una solicitud de aclaración y adición de la sentencia proferida por la jueza.
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“Si bien el Distrito considera acertada la decisión de la jueza de ordenar la demolición total de la edificación, es contradictorio que la Promotora Calle 47 solo esté obligada a la demolición de 619 m² y el resto deba ser asumido por la Alcaldía, cuando a lo largo del proceso quedó demostrado que la vulneración de los derechos colectivos fue cometida por la constructora”, expresó la administración a través de un comunicado.
En este sentido, pidieron al juzgado que se excluya de esta decisión al Distrito y se incluya a la Curaduría Urbana No. 1 que fue la que otorgó la licencia al proyecto.
Por su parte, la Promotora Calle 47 anunció que apeló el fallo de primera instancia, ya que insisten en que la ocupación ilegal del espacio público no es cierta. Además, indican que en la sentencia no se tuvieron en cuenta pruebas presentadas por expertos en patrimonio histórico que demostrarían la ausencia de afectación al valor universal excepcional del Castillo San Felipe. A su vez, reiteraron que las licencias de construcción fueron obtenidas en el marco de la legalidad.
Esperan fallo definitivo
Lo que viene ahora en el proceso es que se resuelvan estos recursos y se profiera el fallo de segunda instancia, el cual tiene a la expectativa principalmente a las familias que invirtieron en el proyecto y han estado esperando todos estos años una solución.
“Hasta que no quede en firme la decisión no podemos acudir ante la justicia. En este caso, la firmeza de la sentencia no ha quedado ejecutada toda vez que la constructora y el Distrito presentaron recursos. Un juez de segunda instancia es el que tiene que definir si confirma o revoca la sentencia y esa es la decisión que le dará firmeza a todo este trámite”, indicó Luis Eduardo Torres, uno de los compradores del proyecto.
Torres adquirió un apartamento en el año 2017 y afirmó que por el curso que ha tomado el caso, la orden de demolición era algo que él y muchos otros compradores ya suponían. “Mediáticamente era lo que esperábamos, pero desde el punto de vista de la ilusión y de los proyectos, lógicamente recibimos el fallo con mucha tristeza al saber que el edificio estará próximamente a demolerse”, manifestó.
Es por eso que ahora sus esperanzas están puestas en que haya un fallo definitivo para así recuperar lo que invirtió en el proyecto. “La esperanza de recuperar la inversión es absoluta. Tenemos la certeza de que los dineros tienen que reembolsarlos, sobre todo el Distrito de Cartagena que fue quien garantizó desde un principio esta construcción y dio los permisos. Gran parte de la responsabilidad la tienen ellos porque fueron quienes avalaron la construcción y crearon la expectativa en los compradores de que todo estaba en la legalidad”, puntualizó.
Solo cuando se resuelvan los recursos y se emita el fallo se podrán determinar de forma definitiva las responsabilidades en el caso, el cual ha sido uno de los más polémicos en Cartagena en los últimos años.