A finales de diciembre de 2019 en medio de una polémica, fue trasladada la cárcel de mujeres de Cartagena, ubicada en San Diego a la zona de conurbación Turbaco - Cartagena. La decisión generó un sinfín de reacciones en contra, pues los habitantes del sector temían que los índices de inseguridad aumentaran y que la estancia de las reclusas impactara negativamente en la calidad de vida de los residentes. Lea: Trasladaron a las reclusas de San Diego a la nueva cárcel de mujeres
En medio de una lucha que pasó de las vías de hecho (protestas) a la legal, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, a través de José Luis Otero Hernández, le dió un plazo de cuatro meses al Distrito de Cartagena para que adelante las gestiones presupuestales y administrativas, para que proceda al traslado de ese centro de reclusión. También le puede interesar: ¿Qué pasa con la alimentación en la cárcel de mujeres?
La demanda
La Junta de Acción Comunal de la Urbanización Horizonte y la sociedad Juanautos El Cerro S.A.S., en ejercicio de la acción popular consagrada por el artículo 88 de la Carta Política, presentaron demanda el 7 de junio de 2019, solicitando la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; la seguridad y salubridad públicas; la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa, presuntamente vulnerados por el Distrito de Cartagena de Indias y el municipio de Turbaco.
Alegatos de conclusión
Con documento allegado el 5 de mayo de 2022, la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Horizonte presentó sus alegatos de conclusión en los siguientes términos: indicó que luego de transcurridos más de 10 años, el Distrito de Cartagena de Indias no ha dado cumplimiento a la orden proferida por la Corte Constitucional mediante sentencia T126 de 2009, en el sentido de construir un establecimiento carcelario para mujeres; y en vez de ello, optó por trasladar las reclusas de la cárcel de San Diego a un inmueble arrendado que se ubica en la variante Cartagena sector Llave de Oro exactamente frente a dicha urbanización, el cual además, se encuentra a muy poca distancia de una estación de gasolina instalada en ese mismo lote, lo que genera un alto riesgo para la seguridad de las internas.
Advierte que, el funcionamiento de un centro carcelario en ese lugar viola el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Turbaco, “porque resulta incompatible con el uso de suelo que es de naturaleza comercial y no institucional”. Sumado a lo anterior, el inmueble aludido habría sido construido violando las normas de construcción, al punto que la obra fue suspendida, y si bien a la postre su propietario solicitó el permiso para la construcción de un cuarto piso y cerramiento de la edificación, la Secretaria de Planeación otorgó licencia de construcción en la modalidad de obra nueva cuando debió ser para una ampliación, lo que, a su juicio acarreó un desconocimiento a las normas urbanísticas establecidas en el Decreto 1077 de 2015.
Reacciones
Habitantes de barrios vecinos al centro de reclusión celebraron la decisión en primera instancia. “Lo logramos, la justicia tarda, pero llega”, dijo Javier Bedoya, líder de Villagrande de Indias.
“La decisión del juez es que se debe reubicar la cárcel. La JAC de Horizonte manifiesta sus agradecimientos a todas las personas de la zona de conurbación que apoyaron esta causa, especialmente a Javier Bedoya y a todos los que asistieron a las marchas y plantones donde exigíamos el traslado de la cárcel”, indicó la JAC de la Urbanización Horizonte.