Mauren Johana Rivero Marimón es la dueña del negocio que fue reconstruido en las playas de Bocagrande frente al Hotel Decameron que generó polémica en la ciudad, porque al parecer estaba ocupando el espacio público. Esta mujer de tres hijos le contó a El Universal, que su negocio funciona en ese sitio desde hace 9 años y que actualmente tiene 14 empleados sin incluir a los carperos de esa playa. (Lea: Video: La polémica reconstrucción de “una casa” en playas de Bocagrande)
“Hace más de nueve año estoy en ese sitio. Mi suplicio empezó en el 2018 cuando intenté legalizarme con un permiso de la Alcaldía como lo hizo el Bonny. En pandemia me hicieron un desalojo que no fue desalojo porque yo estaba cumpliendo con la restricción de no poder salir y la vigilante que me cuidaba el kiosco me dijo que había personal de espacio público y removieron todo. En ese entonces no dejaron el acta de dicha diligencia”, indicó. (También le puede interesar: Protección Costera: piden que se haga la reglamentación de playas)
Rivera Marimón aseguró que después de esa situación, ella inició un proceso para volver al lugar y seguir con su negocio. Dijo que con la Personería se le hizo la restitución: “Tengo mi página en redes sociales. Antes de volver al lugar radiqué un documento ante la Secretaría del Interior solicitando que me dieran puntos claros para el retorno a mi lugar de trabajo y solo me respondieron que el regreso de los actores de playa sigue en pie. Yo no estoy incumpliendo las normas con mi retorno”.
Contó que su kiosco lo desmontó tras un acuerdo con el PNUD y Proplaya, quienes le habrían prometido que se lo harían de nuevo cuando se finalizaran las obras en ese tramo. “Mi vecino hace tres meses volvió, tiene el puesto abierto y solo a mi me han querido negar el acceso. A mi no se me ha acercado ningún ente administrativo. Esto no es una casa sino un negocio que cuenta con Cámara de Comercio, no estoy incumpliendo con la construcción porque no he colocado ningún material que no sea removible”, indicó.
Video de demolición
Aseguró que su establecimiento se encuentra dentro del censo realizado por el PNUD y que la certifica como vendedora de la playa 5. “Un oficio del 14 de marzo de 2022 lo certifica. También tengo un acta de vecindad que fue realizado por Mi Hábitat. Yo empecé vendiendo con cavas y fuimos creciendo. Yo acababa de remodelar mi negocio antes que llegara el proyecto de Protección Costera. La construcción que estoy reconstruyendo tiene el mismo diseño de la estructura que fue demolida”, agregó.
La mujer espera lograr una conciliación con las autoridades y que se le conceda su permanencia en el lugar. “Esto es una persecución porque el negocio ha tenido una acogida en redes”, concluyó.