Por segundo día consecutivo, las obras del macroproyecto de Protección Costera han sido paralizadas por servidores turísticos y pescadores, quienes piden claridad sobre el pago de las compensaciones económicas. Lo grave, es que desde hace una semana en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) no hay funcionarios laborando, ya que según información de Andrés Rico, presidente de la JAC de Bocagrande, a estos se les habría acabado el contrato. (Lea: La millonaria deuda que pondría en riesgo las obras de Protección Costera)
La incertidumbre por la parálisis de las obras es latente, ya que eso genera pérdidas económicas al consorcio Proplaya que superan los $60 millones diarios, sin contar las más de 15 veces que han sido bloqueadas las obras civiles. (También le puede interesar: ¡Otra vez! Paralizan obras de Protección Costera y no hay quien responda)
“Nuevamente se retoma la manifestación de los vendedores de playa en las obras de Protección Costera, fase 1 componente 1, y a este punto, tras la manifestación del día de ayer, donde se suspendieron las actividades todo el día. Nadie se ha comunicado con los vendedores y/o con consorcio Proplaya para dar solución a este tema, con lo cual hoy se retoma desde este punto la manifestación y se inicia un nuevo día de suspensión de obras generando detrimentos patrimoniales a la Nación, afectación al consorcio Proplaya y a toda la comunidad del área de influencia que verá las obras de Protección Costera retrasadas en su desarrollo”, se lee en el comunicado emitido por el consorcio encargado de las obras.Y continuó: “Desconocemos cómo llamar la atención de las entidades en especial de la entidad contratante Ungrd, para evidenciar la gravedad de estos hechos y que se denote las graves implicaciones que esta total negligencia y desinterés en el proyecto están causando, pues como consorcio Proplaya no podemos dar solución a un tema de inherencia social que es de total competencia y resorte de la Ungrd en este proyecto”.
Andrés Rico, delegado de la JAC de Bocagrande, le hizo un contundente llamado al Gobierno nacional. “Le exigimos al Gobierno nacional, a través de la Ungrd atender las peticiones que de manera oportuna y respetuosa hemos presentado, previendo situaciones como las de ayer y hoy; sin embargo el silencio y desidia frente a esta obra de gran impacto, conlleva estos bloqueos que siguen perjudicando a todos”, indicó.
En medio de la falta de miembros de la Ungrd, protestas y la inyección de recursos para finalizar la primera fase del macroproyecto de Protección Costera, surge otra arista: una deuda a la interventoría de las obras.
“La situación financiera del contrato de interventoría es delicada, al mes de septiembre el costo de la interventoría supera los $4.700 millones, por la modalidad de pago solo se ha podido facturar $2.089 millones, de los cuales desde el mes de abril la Ungrd adeuda $1.181 millones”, señaló Arturo Mogollón, representante legal de la interventoría Aidcon Ltda.
Y continuó: “Esta situación ha llevado a que la interventoría no pueda cumplir con los salarios de los profesionales que ejercen las labores, lo que ha generado que no quieran seguir trabajando más. De materializarse esta situación las obras tendrán que ser suspendidas debido a que sin interventoría el contratista no cuenta con la vigilancia de sus actividades”.
La JAC de Bocagrande, también le envió una carta al alcalde de Cartagena, William Dau para que asumiera el liderazgo de las obras para así evitar que se convierta en un elefante blanco.
“Hoy me dirijo a usted como ciudadano, un ciudadano preocupado por el futuro incierto del proyecto de Protección Costera, es el momento dejar de ‘pendejear’ -como dice usted- y prestarle atención a los problemas que aquejan a la ciudad, pero especialmente a esta megaobra que por falta de liderazgo por parte de la Alcaldía Mayor está ad portas de quedar sumergida en el fracaso”, agregó Andrés Rico, dirigente comunal.
Y agregó: “Es momento de establecer una mesa de trabajo y seguimiento con el Gobierno nacional, contratista, interventor, y demás actores que hemos estado involucrados en el proyecto seguimos dispuestos a contribuir, pero no podemos continuar en la incertidumbre y desidia en la que ha estado el proyecto en los últimos meses”.