Después de que se firmara el “Acuerdo de voluntades” entre el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y líderes de las comunidades ribereñas del canal del Dique, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, se reunió nuevamente con un grupo de habitantes de la zona en Marialabaja y reiteró que las consultas previas del macroproyecto se van a realizar para escuchar a todos los habitantes de esa subregión. (Lea: Echan para atrás tutela que suspendió la adjudicación del Dique, ¿y ahora?)
“A las comunidades se les debe garantizar el agua dulce, la inclusión a los proyectos productivos, los impactos culturales, cambios de vocación cultural y económica para que los pescadores y los cultivadores puedan continuar con sus actividades”, dijo Idárraga. (También le puede interesar: Gobierno y comunidades firman acuerdo que da vía libre a la APP del Dique)
El “Zar” de la Transparencia reiteró que es importante frenar a quienes se lucran a través de las consultas previas: “No podemos permitir que bajo la excusa de las consultas previas se roben los recursos públicos, que también son de las comunidades. Queremos poder preguntarle a la cara a cada uno de los presidentes de los consejos comunitarios sobre qué han hecho con la plata de las consultas previas”.
Las declaraciones del funcionario del alto gobierno se dieron en presencia de líderes de comunidades que denuncian presuntos actos de corrupción en el proceso de consultas previas. Una fuente le dijo a El Universal que le pedirán al Gobierno nacional un equipo élite para que investigue, identifique y judicialice a esos líderes que se estarían lucrando con esos dineros.
La firma del “Acuerdo de voluntades” significa que ambas partes realizarán mesas técnicas y consultas previas, con acompañamiento institucional, para atender las solicitudes de las comunidades y evaluar las posibles afectaciones que causará el proyecto en su desarrollo y finalización.
“Queremos construir un diálogo inteligente porque somos parte del gobierno y tenemos que ir por un mismo camino. No hay que construir una megaobra aislada con las comunidades que están olvidadas, porque nosotros lo que queremos es aportar”, dijo uno de los participantes.
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo, aseguró que mientras se levantan las medidas cautelares del proyecto se va a continuar con las mesas de socialización. Dijo que a finales de este mes fueron citados por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), que ordenó garantizar la búsqueda de los desaparecidos en el canal del Dique en medio del conflicto.
David González Cardales, gestor social, ambientalista y defensor de Derechos Humanos residente en Santa Ana (isla de Barú), señaló: “Estoy totalmente de acuerdo con el proyecto plan hidrosedimentológico del canal del Dique, solo que se debe consultar a las comunidades que son sujetos de consulta previa, pero este proceso de consulta previa no debe interrumpir la adjudicación del proyecto”.