¿Por qué no se cumplió una resolución distrital de 2019 y por qué este año sale una nueva resolución derogando y contrariando a la primera? Esa es la pregunta que se hacen algunos propietarios de apartamentos del tradicional edificio Decor, en el Centro Histórico.
Allí, al parecer, un nuevo dueño solicitó permiso al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) para realizar una remodelación a su propiedad; sin embargo, se habría extralimitado al construir un quinto piso y supuestamente ubicar en este otras dos unidades habitacionales.
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Cabe recordar que este edificio, que está entre la avenida Escallón y la calle de La Moneda, desde que se levantó contó con cuatro pisos, igual que las obras aledañas. Por eso sus propietarios no conciben cómo alguien que recién llega se toma atribuciones y, presuntamente, hace modificaciones contrarias a las normas urbanísticas.
Uno de los denunciantes es José Villamil Quiroz, quien ha librado una larga lucha ante la División de Patrimonio del IPCC para que se adopten medidas en contra de la supuesta irregularidad, y aunque con la Resolución 44 del 2 de julio de 2019 pensó haberlo logrado, este año una nueva respuesta del instituto lo dejó atónito.
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“Es sabido que las leyes de urbanismo no permiten más pisos cuando los edificios están terminados y esta persona hizo un quinto piso y unas obras que violaron todas las normas urbanísticas. En 2019 la resolución del IPCC fue contundente: se ordenó la demolición de esas obras y una multa económica cercana a los 60 millones de pesos, eso fue antes de pandemia; sin embargo, han pasado más de tres años y no se le ha dado cumplimiento, todo sigue igual”, contó el copropietario denunciante.
A raíz de la lentitud con la que las autoridades procedieron con el caso, el afectado metió un derecho de petición consultando por el cumplimiento de la sanción.
“La anterior directora del IPCC me contestó en el 2021 que la resolución estaba debidamente ejecutoriada, que ya se habían cumplido todos los procedimientos y no se interpusieron recursos de ley contra la misma. Quiere decir que ya no cabía ninguna apelación y debía cumplirse, se tenía que hacer la demolición y el pago. Pero este año, con nuevas directivas, me contestaron los derechos de petición con respuestas que echaban para atrás la resolución del 2019 porque supuestamente había un recurso del contraventor. Es increíble que después de tres años salgan diciendo eso, es algo improcedente y aparte le rebajaron la multa”, aseveró el denunciante.
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En efecto, la Resolución IPCC-RES-00025-2022 del 18 de agosto del 2022, en su artículo tercero, señala: “Modificar el artículo tercero de la Resolución 44 del 2 de julio del 2019, otorgando al infractor la oportunidad de presentar la licencia de construcción dentro de los 60 días calendario siguientes a la notificación de la presente resolución. Una vez haya vencido el término anterior, sin que hubiere procedido con la presentación de la licencia mencionada, se procederá a ordenar la demolición de las obras desarrolladas”.
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Al respecto, Villamil Quiroz señaló: “Ahora a esta persona le van a dar la oportunidad para que presente la licencia de construcción, no sé de dónde la va a sacar a estas alturas cuando ya el plazo está vencido. A él le dieron permiso para hacer reparaciones a su apartamento, no para construir uno arriba. Aquí claramente vemos actos irregulares que dejan en entredicho la imagen de transparencia del instituto”.
Otros vecinos consultados afirmaron estar en desacuerdo con el manejo que se le ha dado al caso, y tampoco entienden por qué se abrió luego de haberse cerrado. Así mismo, indicaron que sus propiedades tienen afectaciones en la infraestructura, como grietas en las paredes y columnas.