Tras lograr definir un protocolo para negociar con el Distrito el contenido del borrador del decreto de aprovechamiento económico del espacio público, vendedores informales en Cartagena dieron el primer paso establecido en este proceso. Lea: Parte de tranquilidad: vendedores y Espacio Público concretan acuerdos
Estos enviaron por escrito las observaciones y propuestas que tienen frente al documento, en defensa de las cuales han protagonizado varias movilizaciones en importantes vías de Cartagena. Lea: Continúa polémica por decreto de espacio público
“Esos puntos, en los cuales nosotros tenemos discrepancias con el proyecto de decreto, son básicamente cinco”, precisó Leonardo Jiménez, director de Cedetrabajo Cartagena y asesor del Comité Antidecreto, quien aseguró que estos desacuerdos son considerados “líneas rojas” en las negociaciones con el Gobierno local.
Los cinco desacuerdos
A continuación los cinco desacuerdos que los vendedores informales le presentaron a la Alcaldía de Cartagena y a su gerente de Espacio Público, Camilo Blanco. Lea: Esto dijo el gerente de Espacio Público tras protesta de vendedores informales
1. Ampliación de la política de privatización
“Ese decreto plantea en su artículo octavo la ampliación de la política de privatización en Cartagena, a través de contratos de aprovechamiento. Al pasar el nivel de ocupación de entrega de esos contratos del 30%, que hoy permite el artículo noveno del acuerdo 010, al 35%, tal como lo define el artículo octavo de ese proyecto de decreto”, manifestó Jiménez.
“Nosotros le expresamos al gerente de Espacio Público nuestro rechazo a esa decisión. Eso para nosotros es inamovible”, agregó.
2. Extensión del aprovechamiento económico
“Le planteamos al gerente de Espacio Público nuestra posición de rechazo a que esta política de privatización, que hoy está focalizada sobre el Decreto 804 en 22 contratos de aprovechamiento económico, sobre todo en plazas, parques y plazoletas, etcétera, del Centro Histórico, se pretenda extender a toda la ciudad. No estamos de acuerdo con esa visión ni con esa propuesta incorporada y para nosotros es una línea roja”, afirmó el asesor del Comité Antidecreto.
3. Requisitos para vendedores informales
“Nos parece inaceptable que el decreto pretenda, por ejemplo, exigirles a los trabajadores de la economía informal, tengan confianza legítima o no, estén inscritos en el Registro Único de Vendedores (RUV) o no, una serie de requisitos que son absolutamente onerosos”, indicó Jiménez.
Y explicó: “El artículo 16 señala, por ejemplo, que esos trabajadores de la economía informal tienen que elaborar una memoria descriptiva con estudios de ocupación de suelo, cobertura y escala, que es un estudio que mínimo cuesta $10 millones para simplemente participar en la convocatoria, ni siquiera para tener garantía de ser beneficiarios del contrato de aprovechamiento económico. Eso los coloca en una desventaja muy grande para participar”.
4. Ilegalidad para actividades no contratadas
“Señalamos, con mucha preocupación, que también es una línea roja, en ese sentido, el artículo 10 literal ‘D’ de ese proyecto, que establece que las actividades económicas que se realicen en el espacio público, diferentes a las establecidas en el contrato de aprovechamiento económico, son ilegales, y por ende tienen que aplicarse las medidas coercitivas que están en el Código de Policía”, advirtió el director de Cedetrabajo Cartagena.
“Es decir --añadió Jiménez-, si se entrega un espacio público en la plaza de Santo Domingo para un restaurante y hay trabajadores de la economía informal que en esa plaza venden manillas o grupos cultuales que hacen sus actos, serían declarados ilegales y tendrían que ser expulsados”.
5. Censo de trabajadores
“Estamos solicitando que se presente un proyecto de acuerdo por parte de la Alcaldía al Concejo de Cartagena, para que este le entregue recursos financieros que permitan adelantar un censo de trabajadores de la economía informal con caracterización socioeconómica y no el que existe, que es del 2009 y se hizo simplemente para 486 personas”, indicó Jiménez, quien estima que la economía informal hoy vincula a más de 220 mil cartageneros.
¿Qué sigue?
Líderes sociales y vendedores informales volverían a sentarse en una misma mesa con el Distrito la próxima semana. La fecha aún está por definirse.
“Nosotros presentamos la propuesta escrita y quedamos en realizar una mesa de negociación nuevamente la próxima semana, para ir debatiendo sobre la propuesta que presentamos y contrastarla con el contenido del decreto”, dijo el vocero de los trabajadores.
Finalmente, resaltó: “Esas son nuestras exigencias y fuimos muy claros con la Gerencia de Espacio Público en que si no hay acuerdos sobre estos temas centrales seguiremos acudiendo a la movilización pacífica y democrática para exigir los derechos que se nos intentan vulnerar con el proyecto de decreto que pretende expedir la Administración distrital”.