En Cartagena ya es común observar una gran cantidad de escombros en las orillas de los canales de agua, en lotes abandonados o en andenes de algunos barrios. Esta situación fue corroborada por el mismo director del Establecimiento Público Ambiental (EPA), Javier Mouthon Bello, quien sorprendió el pasado 12 de marzo a un grupo de personas que arrojaba este tipo de materiales en un sector del caño de Bazurto, a un costado de la avenida del Lago. Lea: Así funciona el ‘cartel del escombro’ en Cartagena
Es tal la preocupación por este tipo de escenas que la entidad emitió una nueva advertencia a las empresas constructoras y personas dedicadas a la construcción para que verifiquen la disposición final de estos residuos que impactan el medio ambiente.
“Esta es una práctica recurrente en la ciudad. Algunos ciudadanos que deciden hacer sus obras o algunos constructores descuidan la parte del manejo de estos residuos y se los dan a transportadores que de manera ilegal ofrecen este servicio y terminan arrojándolos en los cuerpos de agua”, expuso Mouthon. Desde el programa ‘No más escombros’, el EPA Cartagena busca salvaguardar y proteger los recursos naturales y demás bienes de uso público del Distrito.
“Desde el Ecobloque tenemos esta estrategia de ‘No más escombros’, que propende por la protección de los recursos naturales y a través de operativos de control y vigilancia hacemos seguimiento a estos proyectos de construcción y al transporte de este tipo de materiales”, sostuvo el funcionario.
El director del EPA recalcó que los constructores y los propietarios de las construcciones serían los responsables de las afectaciones que se causen al ambiente por la disposición irregular de los residuos sólidos que sacan de sus obras. “En los recorridos revisamos que estos transportadores estén inscritos ante el EPA y además tengan el respectivo PIN (autorización) y demás documentos que se requieren para realizar esta labor”, indicó.
Mouthon Bello dejó claro que para el caso de los ciudadanos que realicen obras de construcción en sus viviendas, estos deben comunicarse con las empresas de aseo, que se encargan de recoger y transportar estos residuos de construcción y demolición a los sitios autorizados por la autoridad ambiental (el máximo volumen que pueden recoger las empresas en viviendas es 1 m3). Quienes realicen una mala disposición de residuos pueden ser objeto de investigaciones penales y sanciones administrativas.