Mediante la resolución 0113 del 4 de marzo de 2022, el Ministerio de Cultura declaró desierto el proceso MC APP 001 de 2018, que tenía como objeto la intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública, relacionado al rescate del galeón San José. (Lea: Decreto reafirma protección de piezas sumergidas, como el galeón San José)
“Esa licitación viene desde el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y no alcanzó a ser adjudicada. Se contemplaba pagarle al rescatador con el 45% del tesoro que está dentro del galeón. Tesoro que según cálculos asciende los 10 mil millones de dólares, aunque por su valor histórico y cultural podría costar hasta cinco veces más”, dijo Héctor Pérez, presidente de la veeduría Popular por Cartagena y Bolívar. (También le puede interesar: Niegan medidas cautelares para galeón San José, pero veeduría insiste)
Pérez señaló que la Alianza Pública Privada (APP) contemplada para el rescate de este tesoro presentaba una serie de irregularidades. “Su estructuración era un detrimento patrimonial y eso lo planteamos hace año y medio en una carta que le enviamos al presidente de la República y al Ministerio de Cultura. Dijimos que habían irregularidades dentro del proceso porque su rescate solo cuesta 80 millones de dólares y si le iban a pagar con el 45% al rescatador, eso ascendería a los 20 mil millones de dólares”, cuestionó.
Inversión para Cartagena y Bolívar
La veeduría Popular por Cartagena y Bolívar propone que el dinero del galeón sea utilizado para impulsar proyectos en la región y trabajar por la erradicación de la pobreza. “Para Cartagena solo se tenía contemplado un museo con algunos de las piezas que ahí se encontraban. En el proceso se presentó un solo proponente. Un consorcio inglés con serios cuestionamientos en Inglaterra por evasión de impuestos y paraísos fiscales”, agregó Pérez.
Y continuó: “La semana pasada enviamos una carta al presidente Duque, a la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, para que el patrimonio se declare exclusivo de Cartagena y todo el departamento. El rescate se puede pagar con un rubro destinado por el gobierno Nacional pero es necesario que se utilice para erradicar la pobreza y proyectos que están estancados. Queremos que el dinero sea 100% para Cartagena y Bolívar”.
El patrimonio cultural universal está de fiesta
El veedor nacional del patrimonio cultural sumergido de Colombia, Francisco Hernando Muñoz Atuesta, celebró que el proceso de rescate del galeón San José haya sido declarado desierto. “Esta APP es un documento realmente vergonzante para los colombianos por la manera en cómo su estructurado, su alcance y pretensiones. Con el pago al rescatador se nos iba a perder casi la mitad del galeón y es una lucha que tenemos con los diferentes estamentos judiciales”, contó Muñóz.
“Finalmente el gobierno después de cuatro años de haber sido expedida la APP la cancelan y eso nos tiene satisfecho. Creemos que han tomado la decisión correcta. (...) Se estaba contemplando un riesgo que era que el gobierno declarara el 100% del galeón San José como un Bien de Interés Cultural (BIC), lo cual dejaba sin piso económico el proyecto porque estaba pensado para desarrollarse a partir de la comercialización de las piezas y el oro”, agregó Muñóz.
La veeduría nacional del patrimonio cultural sumergido de Colombia reiteró: “Cuando el gobierno declaró por medio de la resolución 0085 del 23 de enero de 2020 que todo el contexto arqueológico era BIC, esa APP se quedó sin piso económico y debió caer en ese momento. Esperamos que el gobierno llame a entidades nacionales como la Red de Patrimonio de Restauración Sumergido, la cual está compuesta en Colombia por las principales universidades del país, un equipo multidisciplinario y se traiga a otras entidades a nivel internacional que ofrecieron su concurso al gobierno Santos desde el año 2015, como lo fueron la Fundación del Mar de Francia y el STAB de la Unesco”.
Muñóz concluyó que estas dos organizaciones internacionales tienen las capacidades técnicas y la solvencia económica para poder intervenir un bien arqueológico de esa dimensión. Las entidades no cobrarían remuneración sino que la única condición sería que el gobierno les solvente los costos que la exploración requiera.
“Esa APP estaba proyectada por $197 mil millones en esa época. Una cifra irrisoria contra el costo de un verdadero proyecto arqueológico. Este es un bien que está a unas profundidades de los 700 metros y manejar esa distancia desde la superficie es costoso y dispendioso. Debe ser elaborado con profesionalismo porque el verdadero proyecto va a costar mucho más que eso y no se tomará tres meses sino décadas”, reiteró Muñóz.