El 21 de enero de este año la Contraloría General de la República dio a conocer los primeros resultados del proceso de responsabilidad fiscal que adelantaba por irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de peajes en Cartagena, firmado entre el Distrito y la Concesión Vial S.A. En ese momento estalló una “bomba” en Cartagena, pues el ente calculó en más de $300 mil millones el daño patrimonial causado por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de peajes respecto al cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno (TIR).
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La indignación de los cartageneros hizo eco en todo el país y la Concesión Vial quedó en el ojo del huracán. Por toda la ciudad se desataron protestas que fueron apoyadas por el mismo alcalde de Cartagena, William Dau. Toda la situación llevó a suspender el cobro de peajes. Sin embargo, según un informe de la Procuraduría no se habría alcanzado la TIR. Ante esto, entre la Alcaldía y la Concesión se llegó al acuerdo de suspender el cobro en los peajes de Manga y Ceballos, inicialmente solo para los particulares y luego también para las tractomulas.
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En los otros dos peajes (La Heroica y Corralito de Piedra) ha continuado el cobro, causando desencuentros entre los trabajadores y el Comité Antipeajes, que insiste en mantener las talanqueras arriba. Pero en la situación hubo otro giro: en un nuevo informe la Contraloría persiste en que sí se alcanzó la TIR y por tanto se habría causado un detrimento al Distrito, solo que por $22.354 millones (inicialmente se había dicho que eran más de $300 mil millones).
La Contraloría llegó a esta decisión tras la revisión de 21 otrosíes y actas de mayores cantidades de obra suscritos con ocasión del contrato VAL.0868804, así como los informes de seguimiento adelantados por Edurbe en calidad de interventor y la información suministrada por Convial y Fiduagraria, que reflejan la ejecución del proyecto desde el acta de inició del contrato de concesión hasta la vigencia 2021. Se concluyó lo siguiente sobre los implicados y los casos archivados:
La responsabilidad fiscal recae contra los siguientes exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena:
- Dionisio Arango Cantillo.
- Luz Marina Figueroa Salgado.
- Ciro Castillo Cabarcas.
- Antonio Flórez Garizábal.
La responsabilidad fiscal recae contra los exgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano Edurbe S.A.:
- Pedro Rafael Tono Lemaitre.
- Diego Antonio Otoya.
- Augusto Enrique Mainero Román.
- Amira Isabel Del Rosario Salvador.
También contra la sociedad Concesión Vial de Cartagena Convial S.A.
Las personas naturales y jurídicas a las que se les imputó responsabilidad fiscal cuentan con 10 días hábiles para presentar sus argumentos de defensa respecto a las imputaciones efectuadas, así como solicitar o allegar las pruebas que pretendan hacer valer.
La Contraloría tomó decisión de archivar proceso de responsabilidad fiscal en el caso de las siguientes personas naturales y jurídicas:
- Judith Pinedo Flórez y Manuel Vicente Duque, en calidad de alcaldes mayores del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, en atención a las acciones probadas que desplegaron para la época en que ejercieron sus cargos tendientes a asegurar el patrimonio público.
- La exalcaldesa Judith Pinedo interpuso acción popular contra la sociedad Concesión Vial de Cartagena S.A, solicitando amparar los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y los derechos de los usuarios del Corredor de Carga, en la cual se estudió el equilibrio económico del contrato de concesión.
- El exalcalde Manuel Vicente Duque solicitó a Edurbe y Valorización acatar lo sugerido por la Contraloría Distrital, y en este sentido liquidar el contrato de concesión VAL.0868804, lo que evidenció un seguimiento al mismo.
- Dionisio Vélez Trujillo, Eduardo Vizcaíno Zagarra, Carlos Alberto Díaz Redondo, Alberto Barboza Senior, quienes en su calidad de alcaldes mayores del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, en atención a que el periodo en el que ejercieron sus cargos es distinto de aquellos en los que se reconoció la inclusión al modelo financiero de los rubros por concepto de obras complementarias, interventoría de las mismas y el 15% otorgado al DAVD para adelantar la gestión administrativa y gerencial de estas obras complementarias.
- Pedrito Pereira Caballero, quien en su calidad de alcalde mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena (e) y director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, en atención a que el periodo en el que ejerció su cargo es distinto de aquellos en los que se reconoció la inclusión al modelo financiero de los rubros por concepto de obras complementarias, interventoría de las mismas y el 15% otorgado al DAVD para adelantar la gestión administrativa y gerencial de estas obras complementarias.
La Operadora Vial de Colombia S.A. quedó absuelta. Según la Contraloría General de la República, en su calidad de mandatario de la sociedad Concesión Vial de Cartagena., esta queda absuelta en atención a que su gestión no tuvo injerencia en la negociación de los otrosíes, modificatorios y/o adicionales mediante los cuales se reconoció la inclusión al modelo financiero de los rubros por concepto de obras complementarias, interventoría de las mismas y el 15% otorgado al DAVD para adelantar la gestión administrativa y gerencial de estas obras complementarias.
Otras empresas cuyos casos también fueron archivados son Álvarez & Collins S.A., Gercon Ltda y KMC – Ingenieros LTDA., consorcio al cual se le adjudicó el contrato de concesión SEDIC S.A, interventor del contrato de concesión.