Las cifras del Observatorio Nacional de las Mujeres son verdaderamente aterradoras. Según la entidad, solo en 2020 en Cartagena se registraron 1.547 casos de violencia intrafamiliar, 502 casos de violencia sexual y seis feminicidios. Por otro lado, con corte a febrero de este año, se han confirmado 209 casos de violencia intrafamiliar, 59 casos de violencia sexual y un feminicidio.
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Con el fin de cambiar esta cruda realidad, el Distrito a través del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR), realizó un convenio con la Universidad de Cartagena, que desarrollará un programa de acceso a la justicia y fortalecimiento de la familia y el entorno social en varias comunidades de la ciudad.
Son aproximadamente 2.200 personas de barrios vulnerables las que recibirán formación, acompañamiento y capacitaciones en temas de violencia de género y discriminación, para buscar reducir estos indicadores. Para ello se invertirán $939 millones, de los cuales la Alcaldía aportará el 74% y la Universidad el 26%.
“Trabajaremos para disminuir las violencias contra las mujeres mediante estrategias que incentiven la sana convivencia entre los miembros de las familias, así como impulsar la tolerancia en las relaciones familiares y comunitarias”, expresó Jorge Llamas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de Unicartagena.
En la misma línea, Cielo Blanco, directora del PES-PR, indicó que fortalecer los vínculos afectivos en los hogares puede ayudar a disminuir estos índices y así proteger a las familias en pobreza extrema de la ciudad.
Con las comunidades
Algunos de los barrios que impactará esta estrategia son Nelson Mandela, Albornoz, El Pozón, Flor del Campo, Bayunca, La Boquilla, entre otros.
Allí, líderes y lideresas participarán activamente de los procesos. “Es importante para nosotras que se capacite a la comunidad en todo el tema de violencia de género, la violencia no debe ser un plato más en nuestros hogares, se debe erradicar y así crear núcleos familiares sanos y una mejor Cartagena”, dijo Lucy Sosa, líder de Barrios Unidos.
Para esto se llevarán a cabo actividades lúdico-pedagógicas en materia de derechos humanos, mecanismos saludables de convivencia, derecho propio, derechos étnicos, prevención de la violencia basada en género, mecanismos alternativos de solución de conflictos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y promoción de derechos sexuales y reproductivos.
“Las acciones que se ejecutarán a partir de esta alianza, les permitirán a ambas instituciones afianzar el camino trazado para consolidar el compromiso misional, de cara a las comunidades en pobreza extrema, y a su vez continuar fortaleciendo la confianza de las comunidades hacia la institucionalidad”, puntualizaron.