“Por todos los medios inauditos”, terceros estarían intentando “retener dineros del impuesto de alumbrado para debilitar los fondos destinados a obras de modernización, expansión y operación del Sistema de Alumbrado Público del Distrito (SALP) y sus corregimientos”; y de paso hacer que fracase la labor de la administración de William Dau.
Así lo afirmó a través de un comunicado William Murra, representante legal de la empresa QBM2, que ejercía la interventoría del contrato de Concesión de Alumbrado Público que tenía la Unión Temporal Electroconstrucciones SAS - Ecosodio SAS y culminó el 4 de enero de 2021.
“Consideramos que no podemos seguir callando lo que está ocurriendo”, manifestó Murra, quien recordó que “los recursos que se utilizaron durante los 20 años iniciales del contrato y los dos años de prórroga provenían de los recaudos del impuesto de alumbrado a cargo siempre del operador de energía eléctrica de la ciudad, siendo el último Afinia, y administrados a través de un Patrimonio Autónomo creado en Fiduoccidente”.
Uno de los intentos de retener dineros del impuesto de alumbrado se relaciona con $8.500 millones que el Juzgado Noveno Civil embargó en septiembre de 2021, en razón a que Electricaribe endosó a favor de American Lighting de Magangué cuatro facturas pendientes de pago (por servicios prestados en el alumbrado navideño 2018-2019). La suma correspondía a $5.700 millones más intereses.
El Distrito ya había solicitado a Fiduoccidente esos $5.700 millones para pagarle a Electricaribe, que a su vez solicitó que el pago se hiciera a American Lighting, pero “la interventoría informó que para hacer uso de los excedentes era de imperiosa necesidad que se pusiera de acuerdo con el concesionario, para acordar una modificación al contrato de concesión vigente porque ese dinero solo podía utilizarse para obras de expansión”, argumentó Murra.
“Sorpresivamente -anotó-, el 3 de enero de 2020, la interventoría recibió de Electricaribe la planilla de liquidación de los recaudos del impuesto de alumbrado del mes de noviembre 2019, en donde se observaba que a la cuenta de Fiduoccidente no se iba a transferir un solo peso”.
Tras discusiones, 10 días después Electricaribe echó para atrás la retención del impuesto y transfirió los recursos correspondientes a la cuenta del Patrimonio Autónomo. “La juez en atención a la reposición echó para atrás su decisión inicial, pero un abogado de American Lighting interpuso reposición a lo repuesto por la misma juez, lo que ha imposibilitado que esos impuestos que son inembargables regresen al Distrito”, aseguró Murra.
Por lo anterior, la interventoría “no tuvo mas alternativa que presentar el día 6 de septiembre pasado denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación”, dijo.
Miles de millones retenidos
Durante el año 2019, la interventoría informó y certificó al Distrito en cuatro oportunidades espaciadas trimestralmente los excedentes que se iban obteniendo para obras de expansión, terminando la cuenta en $12.033 millones.
“El alcalde William Dau solicitó que se realizaran 4 obras de expansión como lo ordenaba el contrato de concesión anterior y el concesionario no quiso hacer la obras, el Distrito puso denuncia ante la Fiscalía porque ese dinero no pertenece al concesionario y cuando el Distrito decide invertirlo en obras de expansión las mismas deben ejecutarse. El suscrito rindió entrevista el 24 de marzo pasado”, afirmó Murra.
Anotó que “durante el año 2020, en la cuenta excedentes del Patrimonio Autónomo quedaron unos $15.300 millones a favor del Distrito, de los cuales 11.500 ya fueron transferidos (...) Los otros 3.750 millones aún están en el Patrimonio, y el Distrito pidió terminar el contrato de fiducia para que le transfieran ese dinero a las cuentas de alumbrado público”.
Pero “el concesionario no ha hecho cosa diferente a oponerse a que se cancele el contrato de fiducia que ya no tiene razón de ser y por otra parte ha manifestado que los 11.500 transferidos al Distrito deben ser tenido en cuenta para atender un rompimiento del equilibrio con el que sueñan desde comienzos de la concesión”.
Murra recordó que el último año de prórroga del contrato de concesión de alumbrado público estaba gobernado por el otrosí 7 de diciembre de 2019 “y allí se dijo que como la ley no permitía que el impuesto de alumbrado público se utilizara para gastos del servicio de semaforización, se fijó un rubro que era parte del presupuesto del Distrito, pero resultó que esa cuenta no tenía cómo atender los gastos del sistema de semaforización”.
Sostuvo que “el Distrito está haciendo las diligencias debidas para conseguir si no totalmente los $3.700 millones, por lo menos hacer un abono considerable y cancelar posteriormente el saldo faltante. Pero en estricta aplicación de la ley, el concesionario no puede buscar como excusa que le deben un dinero, siendo que ellos saben perfectamente que para eso está la etapa de liquidación del contrato que no se ha podido iniciar”.
Múnera resaltó que “el concesionario no solo solicita los $3.700 millones sino también $2.500 millones de más por inversiones que no ejecutó (...) El concesionario pretende que el Distrito valore la infraestructura del alumbrado que el concesionario operó 22 años como si todos sus elementos estuviesen modernizados (...) Lo que buscan es que se aumente en $1.600 millones el valor de la administración, operación y mantenimiento (AOM) que se pagó en 2020”.
Raymundo Pereira, representante legal de la antigua Concesión de Alumbrado Público, manifestó que “el comunicado es incompleto, pero no estamos en el afán de hacer protagonismo ni discutir en los medios las diferencias. Estamos queriendo que se liquide el contrato y que se resuelva una reclamación de desequilibrio económico que está radicada desde que estaba el alcalde Sergio Londoño, por algo más de $200.000 millones de pesos, y el interventor la coadyuvó en aquel momento”.
Precisó que “hay un desequilibrio económico por un planteamiento evidentemente económico y no ha habido pronunciamiento por parte del Distrito: Sergio Londoño, alcalde de aquel momento; Yolanda Wong instaló una mesa de trabajo para ese fin, Pedrito Pereira la continuó y terminamos prorrogando el contrato hasta enero de 2020. Nosotros entregamos este año y el Distrito todavía nos debe un año de saldo de servicios de semáforos”.
Pereira reiteró que “hay un silencio de parte de la administración y se ha planteado de pronto la conveniencia de irnos a un tribunal de arbitramento, que es lo más injusto para las partes porque cuesta mucha plata”.
Propone aclarar las cuentas “con expertos. Si la administración tiene uno de confianza, diga aquí está fulano que me va representar y nosotros nombramos a otro. Eso es con calculadora en mano, un mes o meses de trabajo y buena voluntad. El interventor tiene unas cuentas que más que faltantes serían como conversión. Todos los ingresos no entran a una cuenta personal del concesionario, sino a una cuenta de fiducia y antes de sacar las cosas al aire sería bueno que las conversara”.