Por presuntas demoras en los trámites que se deben gestionar, la procuradora Regional de Bolívar, Ana Joaquina Petro López, ordenó este viernes la apertura de una indagación preliminar en contra de funcionarios por determinar de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. Lea aquí: Más de 300 procesos represados en Instrumentos Públicos de Cartagena
La decisión la tomó en atención a una queja de oficio de fecha 22 de septiembre de 2021, y a otras 15 quejas presentadas en lo transcurrido de 2021.
“Revisado nuestro Sistema de Información Misional “SIM” se observa dentro de lo corrido hasta el mes de agosto de la vigencia del 2021, la existencia de varias solicitudes y quejas presentadas por los usuarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena referentes a las presuntas demoras en los trámites que se deben gestionar en esa Oficina, los cuales se encuentran ocasionando problemas en las negociaciones y la inversión en la zona de influencia, en especial en el Distrito de Cartagena”, explica el fallo.
Precisa que la finalidad de la indagación preliminar es “verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, identificar e individualizar al servidor público”.
Para lo anterior se decretó la práctica de las siguientes pruebas:
• Número de documentos recibidos, tramitados y devueltos, lo corrido hasta el mes de agosto de la vigencia del año 2021.
• Explicar el procedimiento señalando normas establecidas desde la presentación de la documentación por parte de los usuarios, inscripción y finalización vigente para el año 2021.
• Organización de los turnos de entrada por parte de los usuarios, lo corrido hasta el mes de agosto de la vigencia del año 2021.
• Determinar la cantidad de documentos pendientes para trámite hasta el mes de agosto de 2021.
Así mismo, “las demás pruebas que a juicio del comisionado se desprendan de las anteriores y sean necesarias para establecer responsabilidad y aclarar totalmente los hechos”.
Una vez identificados...
La procuradora Ana Joaquina Petro López ordena en su fallo que una vez realizado lo anterior, se debe “establecer la identidad de los funcionarios que intervinieron en el trámite y ejecución del contrato, los interventores, allegar copia de los actos de nombramiento o elección, según el caso, actas de posesión y constancias sobre antecedentes laborales disciplinarios internos, última dirección residencial registrada en las hojas de vida de los implicados, sueldo mensual devengado, y la parte pertinente del manual de funciones”.
Ana Milena Jiménez Tuñón, profesional universitario grado 17 adscrito a la Procuraduría Regional de Bolívar, es la “comisionada para la práctica de las pruebas ordenadas y las demás que surjan de las anteriores y sean necesarias para el total esclarecimiento de los hechos”, anota el fallo.
El fallo indica que “para garantizar el derecho de defensa de los investigados, por secretaria de este Regional, se dará cumplimiento a los artículos 154 y 155 de la Ley 734 de 2002, en cuanto se solicitará a la entidad donde este haya estado vinculado, informe sobre sus antecedentes disciplinarios internos, laborales o existentes en la Procuraduría General de la Nación, certificación de la entidad a la cual el servidor público esté o hubiere estado vinculado, una constancia sobre el sueldo devengado para la época de los hechos”.
Las diligencias y trámites preventivos relacionados con las quejas que motivaron esta decisión deberán anexarse a la indagación preliminar.