Desinformación. Esa es la razón principal que propició la multitudinaria manifestación de hace dos días en Bocagrande y el Centro Histórico, que paralizó el tráfico vehicular durante casi tres horas. Así lo aseguró a El Universal la directora del Departamento de Valorización Distrital, la abogada María Isabel Lugo Pulecio, al considerar que a todas las organizaciones que prestan servicios en las playas y a los representantes de los servidores turísticos, se les ha hablado con claridad desde hace dos años, sobre el proyecto de Protección Costera y todas sus implicaciones.
Para la funcionaria, la falta de información oportuna o la inequívoca retransmisión de los mensajes es evidente y por eso aún muchos vendedores tienen dudas. Manifestó que las razones expuestas por los protestantes en la marcha no gozan de sustento válido, pues jamás se hablado de desterrar o relegar a ningún vendedor de las playas cuando terminen las obras.
Cabe recordar que en la manifestación, los cerca de mil participantes alegaron sentir incertidumbre respecto a su futuro, pues temen que tras la ejecución del proyecto de Protección Costera los dejen sin acceso a la zona, y por ende sin conseguir el sustento económico para sus familias.
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“El proyecto es autorizado por la Vicepresidencia de la República, viene de hace varios años y el objetivo en esta administración es sacarlo adelante. Es una obra que necesita Cartagena para mitigar el impacto del cambio climático, para frenar la erosión costera y garantizar la conservación del territorio. Además, será beneficioso en el sentido en que se crearán 80 metros más de playa”, explicó Lugo Pulecio, quien respecto al temor de los servidores turísticos expresó: “A estas alturas todos deberían tener claro que nadie perderá su trabajo, nadie saldrá de las playas, eso no está contemplado en el proyecto, el objetivo es intervenir las playas a través de etapas y una vez vayan finalizando las obras y entregándolas, ellos podrán volver a trabajar de manera organizada”.
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¿Y mientras tanto?
La directora de Valorización Distrital aclaró que mientras se ejecuta el proyecto de Protección Costera, las personas que están verificadas y dentro del censo que reposa en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), recibirán una compensación económica por el tiempo en que no laborarán en la zona. El valor sería de 1 millón 200 mil pesos mensualmente por persona.
La primera fase, que se compone de seis playas, se proyecta ejecutar en 18 meses, es decir que cada playa podría tardar en promedio tres meses cada una.
“No se van a cerrar todas de una vez, se hará por fases, por playas, a medida que se vaya finalizando una, se va cerrando otra; el gremio que esté en cada playa podrá regresar de manera paralela a ellas, serán aproximadamente tres meses de compensaciones en cada playa intervenida y luego los vendedores podrán regresar con los debidos protocolos y una mejor organización. Es falso que habrá una privatización, esos rumores hacen parte de esa desinformación que aún existe”, puntualizó la funcionaria.
