Durante 10 años las familias del barrio San Francisco, que de un momento a otro perdieron sus viviendas por una inesperada falla geológica, han esperado pacientes el resarcimiento económico por esa tragedia y hoy, estando tan cerca de obtenerlo, sienten algo de frustración porque el proceso aún debe sortear una etapa final que ya se ha llevado varios meses.
Cabe recordar que a partir de ese 2011 los afectados emprendieron una lucha encaminada a obtener la reparación administrativa correspondiente e indemnizaciones tras sufrir daños materiales y morales debido a la destrucción y deterioro de sus viviendas, al haber sido construidas por el antiguo Instituto de Crédito Territorial en un terreno no apto e inestable.
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El abogado que defiende los intereses de las 2.469 familias afectadas, Luis Alfonso Correa Martínez, asegura que “la última pieza del entrampe jurídico está en manos del Juzgado 13 Administrativo de Cartagena”.
Según el jurista, la primera batalla ganada la emitió dicho juzgado condenando al Distrito de Cartagena y al Ministerio de Vivienda a pagar $90 mil millones por perjuicios morales y materiales, pero el fallo fue apelado por las partes y la Procuraduría, que pidió se incluyeran otras familias, por lo que el Tribunal Administrativo De Bolívar en el año 2018 cobijó a muchas familias que el fallo de primera instancia había excluido.
“El Distrito de Cartagena, Minvivienda y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado solicitaron revisión eventual ante el Consejo de Estado, y en marzo del año 2020, la máxima corporación de lo contencioso administrativo se pronunció e invalidó parcialmente la sentencia, ordenando al Tribunal Administrativo de Bolívar que valorara nuevamente las pruebas arrimadas y emitiera otra sentencia. Con base en dichas órdenes, el Tribunal emitió la sentencia de reemplazo del 24 de julio del 2020, en la cual acatando las órdenes del Consejo de Estado, volvió a condenar en los mismos términos del año 2018. No obstante, el Distrito volvió a presentar nueva revisión que fue declarada improcedente por dicho Tribunal, porque no puede haber revisión de revisión, quedando en firme dicha decisión. Sin embargo, se evidencia falta de voluntad del Distrito de reparar sus propias fallas, intentando dejar desamparadas a miles de familias afectadas que a la fecha no han recibido una respuesta respecto a la tragedia que les tocó vivir y que fue responsabilidad del Distrito de Cartagena y el Ministerio de Vivienda”, argumentó Correa.
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Según el abogado, las entidades condenadas han presentados varias tutelas contra los despachos judiciales en busca de que se revoque la condena, pero estas han sido negadas por el Consejo de Estado.
En marzo del presente año, el Ministerio de Vivienda consignó a la Defensoría del Pueblo (encargada del pago de la condena a los beneficiarias del fallo), la suma de $172.847.313.357 para que se le pagaran las indemnizaciones a los damnificados del barrio San Francisco. Es por ello que estos han presentado 4 mil cuentas de cobros a la Defensoría del Pueblo, pero esta debe revisar y verificar las mismas para poder realizar los desembolsos correspondientes, por lo que desde febrero viene solicitando la información pertinente al Juzgado Trece Administrativo, especialmente que le remita el censo de damnificados, aportado por el Distrito en su momento como prueba al proceso.
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El abogado Correa asegura que tras los últimos cuatro meses, al parecer el juzgado se ha abstenido de entregar el censo de damnificados debido a que el expediente fue remitido a los contratistas del Consejo Superior de la Judicatura para ser digitalizado, y eso tiene truncado todo.
“No hay fundamento legal o jurídico que impida que la Defensoría pague a los beneficiarios de la sentencia sus indemnizaciones liquidadas con cuentas de cobro presentadas en debida forma”, agregó el abogado de los damnificados de San Francisco, quien ya interpuso los recursos para que aparezca y se entregue cuanto antes la información digitalizada que contiene el expediente con el censo de todos los afectados, pues el no pago de las más de 4 mil cuentas de cobro ya radicadas y revisadas constituyen una vulneración al debido proceso y al acceso a la justicia.