Las quejas con relación a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cartagena no son nuevas. De hecho han sido varias las ocasiones en la que la Superintendencia de Notariado y Registro ha tenido que intervenir por cuenta de retrasos en los trámites y la falta de eficiencia en los procesos.
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Dicho panorama obligó a la Superintendencia a tomar acciones, siendo la más reciente de ellas el cambio de sede, el cual se dio en diciembre del año pasado, cuando la oficina se trasladó del Centro Histórico a unas nuevas instalaciones en el centro comercial Mall Plaza.
“La antigua Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a pesar de estar en el Centro Histórico de Cartagena, no contaba con los espacios y elementos necesarios para la correcta prestación del servicio”, informó la Superintendencia, pero aun así, las cosas no han mejorado.
“Debemos tomar muchas decisiones con respecto a quejas y denuncias que nos llegaron de diferentes usuarios del servicio público registral relacionadas con demoras en los trámites de registro de la propiedad y la solicitud de dádivas para acelerar los procesos”, dijo Fernanda García, superintendente de Notariado y Registro, quien llegó a Cartagena con este propósito.
“Llegamos allí y miramos el procedimiento que tiene establecido la registradora a cargo, el personal y los procesos para tomar decisiones efectivas”, manifestó.
Entre estas decisiones, se encuentra principalmente la rotación de personal y la implementación de la tecnología para optimizar los procesos.
“A través del REL, que es el Sistema de Radicación Electrónica, se le da la posibilidad al notario de subir las escrituras públicas para que posteriormente se pague el proceso de registro de manera virtual. Esto permite un procedimiento más ágil, expedito y efectivo para hacer la trazabilidad de esa escritura”, afirmó García.
Agregó que de esta manera también va a ser más difícil que se cometan actos de corrupción, pues es en las demoras que se traba el proceso.
Sobre los retrasos, la funcionaria asegura que en parte se dan por la cantidad de trabajadores sindicalizados que con ajuste a la ley requieren permisos.
“En Cartagena llegan tantos requerimientos para registro de la propiedad que cualquier día que falte un funcionario o un contratista se afectan los turnos. Por eso desde la Superintendencia vamos a establecer unas ayudas en el personal y vamos a hacer seguimiento con la registradora para tener metas semanales de registro”, puntualizó.
Las quejas son recibidas principalmente por usuarios del servicio, constructoras, bancos y fiduciarias. Según la Superintendencia hay más de 300 turnos represados que ya están en la mira del eje disciplinario de la entidad.
“Ya tenemos la trazabilidad de los procesos disciplinarios de las quejas que se han presentado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, se le pidió en su momento a la registradora que tomara medidas efectivas, se instauró el REL, se cambió el personal, se instauró la sede nueva y a todos los procesos administrativos que hemos hecho se les dio traslado al eje disciplinario para mirar qué conducta dolosa pudieron cometer los funcionarios. El objetivo es cambiar la forma de registrar la propiedad en Cartagena para que todos los procesos sean más transparentes y efectivos”, afirmó García.
A nivel nacional, 6 funcionarios han sido destituidos e inhabilitados por corrupción por la Superintendencia de Notariado y Registro.
Licencias falsas
La superintendente de Notariado y Registro, Fernanda García, indicó que pronto se tomarán decisiones con respecto a la expedición de 47 licencias falsas relacionadas al proyecto Portales de Blas de Lezo II, el cual se desplomó el 27 de abril de 2017 y dejó 21 muertos y 22 heridos.
“Como Superintendencia procedimos a bloquear más de 500 folios de matrícula inmobiliaria porque su base eran esas licencias falsas. Desde el año pasado se les comunicó a las oficinas de registro de instrumentos públicos del país de esas licencias para que suspendieran cualquier tipo de actividad o enajenación de esas licencias”, dijo.
También se corrió traslado a la Fiscalía por el componente penal del caso y al eje disciplinario de la entidad porque se presume que hay varias notarías involucradas.