El pasado 12 de abril en la ciudad se desató un nuevo escándalo luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena declarara culpables a la exalcaldesa Judith Pinedo, a Vivian Eljaiek Juan, Luis Restrepo Pineda, Darío Torregroza Lara y Rafael Ceballos Calvo por la venta irregular de un predio de 243,75 metros cuadrados en el polígono de Las Velas, en El Laguito, incurriendo en los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de requisitos legales.
De acuerdo a los denunciantes, entre esos el excandidato a la alcaldía William García Tirado, lo que se vendió fue un pedazo de playa (bien de uso público); sin embargo, para la defensa de los condenados, se trató de un bien baldío, que fue declarado de tal manera en el año 1999, una década antes que se diera la venta.
En ese sentido, es necesario precisar que un bien baldío es aquel que le pertenece a la nación pero es adjudicable a quien cumpla los requisitos establecidos por la ley, mientras que un bien de uso público también le pertenece al Estado, pero es inalienable e imprescriptible y su uso o aprovechamiento pertenece a todos los habitantes del territorio. También tiene como característica que no se puede construir sobre él, salvo que haya un permiso especial; en todo caso, las obras construidas por particulares podrán ser usadas pero el suelo no será de su propiedad.
De acuerdo con la Oficina de Apoyo Logístico de la Alcaldía de Cartagena, actualmente hay un inventario de aproximadamente 600 bienes (entre públicos, fiscales y baldíos) que ya fueron saneados, esto quiere decir que el Distrito tiene los expedientes documentales que dan fe de su propiedad.
Si bien muchos de esos inmuebles son explotados con concesiones, el Distrito reconoce que aún hay trabajo por hacer, por eso planea poder terminar el proyecto de “Saneamiento del Patrimonio Inmobiliario”, el cual inició en 2009 pero que con la carencia de una estructura organizacional y la rotación de las OPS, no ha permitido culminar la tarea.
“Existe un inventario de inmuebles de aproximadamente 7.400 predios, los cuales serán intervenidos por intermedio de actividades que se desarrollarán en el marco de un proyecto de Saneamiento del Patrimonio Inmobiliario de la entidad, que arranca actividades a mediados del próximo mes”, se indicó desde el Subproceso de Administración del Patrimonio Inmobiliario.
Añadió que “se pretende identificar la naturaleza, propiedad y soportes jurídicos de este grupo de inmuebles, dentro de los cuales muy seguramente se encontrarán bienes de uso público”.
De igual manera, desde la Oficina Jurídica se ejecuta el proceso denominado defensa judicial, mediante el cual se atienden los procesos o actuaciones de terceros que pretendan violentar la propiedad pública .
“Apoyo Logístico articula, con la Oficina Asesora Jurídica, cualquier situación que se evidencie en la ocupación por terceros de nuestros bienes. Creemos que esta responsabilidad en la defensa exclusiva de los inmuebles debería estar más fortalecida y esperamos que la reestructuración lo permita”, puntualizó.
Cabe precisar que el tema de bienes del Distrito está muy disperso en varias dependencias, ya que dependiendo la actividad hay asuntos que trata la Secretaría de Planeación, Gerencia de Espacio público, Control Urbano o Apoyo Logístico.
Las plazas y parques también hacen parte de los bienes de uso público del Distrito, y se han convertido en zonas de atracción para poner negocios en los alrededores.
En el caso de las plazas, desde la Gerencia de Espacio Público y Movilidad se está alistando un documento, que será pasado a la Secretaría de Planeación, con el fin de obtener el visto bueno para explotar económicamente otros puntos en el Centro Histórico de la ciudad.
“Las zonas que se pueden aprovechar económicamente están contempladas en un acuerdo distrital, por eso nosotros le estamos haciendo unas modificaciones para incluir más zonas de aprovechamiento y generar mayores ingresos para el Distrito y que pueda haber más control sobre estos sitios que muchas veces son usados de manera indebida”, afirmó Ausberto Coneo, gerente de Espacio Público y Movilidad.
De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar) “las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo”.
Bajo las modalidades antes mencionadas estos bienes podrán ser utilizados para actividades de turismo y recreación, pesca, acuicultura, astilleros y construcción naval, industria, restaurantes, hoteles, marinas y embarcaderos, emisarios submarinos, obras de protección, dragados no portuarios, entre otros.
Si bien las leyes están claras, no es un secreto que a lo largo de los años los bienes de uso público han sido mal utilizados e invadidos. Tan solo en el primer trimestre de 2021 la Capitanía de Puerto ha identificado 830 ocupaciones indebidas en Cartagena y al cierre del año 2020, en Cartagena y su zona insular, se encontraban identificadas 1.845 ocupaciones para un total de 657.129 m2 de área ocupada.
“Los inmuebles identificados este año ocupan un total de 131.922 m2 y se encuentran en su gran mayoría en las zonas de influencia de Alcaldía Histórica y del Caribe Norte (Localidad 1) y la Alcaldía de la Virgen y Turística (Localidad 2). A la fecha, la Autoridad Marítima ha efectuado 141 inspecciones de litorales y oficializadas 16 solicitudes de restitución a dichas alcaldías, con el fin de garantizar la protección de los espacios marino costeros”, señaló la entidad.
Agregó que la labor técnica efectuada ha permitido a las demás autoridades distritales integrantes del Ecobloque surtir la restitución de 4 inmuebles con una ocupación de 502 m2.
“La Dimar continuará aportando sus capacidades técnicas y científicas para el desarrollo sostenible de las ciudades costeras, incluyendo las propuestas de zonificación de playas, inspección a concesiones, inspección a litorales e identificación de las presuntas ocupaciones indebidas”, aseguró.
