La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), presentó una demanda contra los constructores del edificio Aquarela ante el Tribunal de Cundinamarca orientada a proteger el patrimonio cultural de la nación.
Camilo Gómez Alzate, director de la entidad, explicó que esta acción de reparación directa contra particulares, que se utiliza por primera vez en el país, espera lograr que quien cause daño al patrimonio cultural indemnice al Estado.
“El patrimonio de los colombianos no es solamente la plata o los bienes materiales, sino como lo ha dicho el Consejo de Estado reiteradamente, son los bienes inmateriales como el patrimonio cultural y en Colombia poco se ha utilizado esta figura de demandar al particular que le cause un daño al patrimonio cultural. El artículo octavo de la Constitución establece la obligación para el Estado y para los particulares de proteger el patrimonio cultural y uno de los pocos elementos que pueden limitar la actividad privada según el articulo 333 son los temas culturales”, explicó Gómez en diálogo con La W.
La Agencia Nacional de Defensa pretende con esta acción “cobrar al constructor una indemnización por afectar el patrimonio cultural de Colombia”.
“A este tema hay que ponerle tatequieto porque la gente cree que el patrimonio cultural es un chiste y es lo más importante que tenemos los colombianos para mostrarle a las próximas generaciones la historia que hemos tenido y no solo es el caso de Cartagena, hay muchos casos en los que el daño al patrimonio cultural por los particulares es increíble”, sostuvo Gómez.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aclaró que esta demanda no suspende el convenio interadministrativo tripartito que será suscrito entre la Alcaldía de Cartagena, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (con cargo al fondo de Fiduprevisora S.A.), y el Ministerio de Cultura que permitirá la demolición de esta polémica obra situada en la manzana 186 del barrio Torices.
“Esta acción no suspende el convenio que se está llevando para la demolición del edificio. Creo que esta será un acción ejemplarizante y esperamos que el Tribunal haga un estudio muy juicioso de esa protección al patrimonio cultural que es el patrimonio de todos los colombianos”, anotó.
Dicho convenio que tendrá por objeto: “Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A.-, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena, para lograr implementar la medida correctiva policiva (demolición de obra) ordenada por medio de la Resolución 001 del 9 de octubre de 2018 por la inspectora de policía de la unidad comunera de gobierno número 2 del Distrito de Cartagena, con el propósito de garantizar la integridad urbanística y la protección del espacio público”, representa para el gobierno de William Dau una ficha clave para dar por terminado el capitulo Aquarela en la ciudad.
La Promotora Calle 47, constructora del polémico proyecto de vivienda, se pronunció a través de un comunicado sobre la demanda interpuesta por la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado.
“Fiel a su actuación en el marco de la Ley y el debido proceso, Promotora Calle 47 S.A.S. permanece atenta a la notificación, admisión y evolución de dicha demanda, con el fin de ejercer su derecho a la defensa y entregar las pruebas requeridas”, señala el documento.
La constructora recuerda que está atenta está atenta al llamado a la audiencia de apertura del proceso en el marco de la demanda de reparación directa interpuesta por los constructores en octubre de 2019 “ante los perjuicios causados por el Estado colombiano a través del Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena a los inversionistas y compradores de vivienda en el proyecto habitacional”.
Y agregan que en dicha demanda “se sustenta el sistemático desconocimiento por parte del Ministerio de Cultura, de los derechos de desarrollo y construcción obtenidos a través de las licencias urbanísticas. De igual modo se expone la utilización del proyecto habitacional como excusa de la incapacidad del Ministerio de Cultura para atender las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, expresadas por este organismo desde hace más de 15 años, sobre las medidas regulatorias y normativas necesarias para proteger la totalidad del conjunto monumental de Cartagena”.