Cartagena vivió este martes, 16 de febrero, un día cargado de protestas.
La primera de las marchas fue realizada por trabajadores de las fundaciones Hogar Juvenil y Perseverar por Colombia, operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en la modalidad institucional y familiar, que aseguran estar desempleados por la falta de contratos e inconsistencias en el proceso de selección de los prestadores de servicios a la primera infancia.
Los cerca de 150 manifestantes, que salieron desde la sede de la Fundación Hogar Juvenil en San Pedro Mártir y terminaron en el sector Ronda Real frente a las instalaciones del Icbf, exigen el derecho al trabajo y que el proceso de selección de los operadores se haga de manera transparente.
Estos señalan presuntas irregularidades en la plataforma Betto, herramienta que utiliza el Instituto de Bienestar Familiar para evaluar y escoger a los operadores analizando el índice de desempeño de cada uno, su capacidad operativa y financiera.
“La Fundación Hogar Juvenil no recibió en Betto la calificación que se merecía, recibimos 20 puntos menos, al principio nos dijeron que hubo un error en la plataforma pero que lo iban a arreglar. Pero cuando nos subieron los puntos ya estaban seleccionados los operadores que iban a atender este año. Es una cosa injusta y esos errores no se pueden presentar”, sostuvo Yerly Paternina, organizadora de la marcha y trabajadora social de la Fundación Hogar Juvenil.
Trabajadores de Ambuq
En otro sector de la ciudad, cerca de 100 trabajadores de la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq) en Cartagena protestaron frente a la sede del Ministerio del Trabajo por la liquidación y toma de posesión ordenada el pasado 9 de febrero por la Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud. (Le puede interesar: Superintendencia de Salud ordenó liquidación de EPS Ambuq)
Los manifestantes afirmaron que se encuentran en el limbo y que se han vulnerado sus derechos. Manifiestan que en medio de la pandemia 706 personas a nivel nacional quedarán desempleadas por lo que piden a Mintrabajo tomar acciones.
Patricia Ibargüen, del equipo de Jurídica de Ambuq, sostuvo que no hay justificación alguna en la toma de posesión y liquidación forzosa de la empresa porque la misma ha cumplido con todas las obligaciones, entre ellas el pago de la nómina de trabajadores y contratistas; los prestadores que hacen parte de la red de servicios en su mayoría están al día con la facturación corriente y los que han celebrado acuerdos de pago se les ha cumplido; y ha estructurado y perfeccionado sus procesos administrativos y prestaciones con el fin de atender todas las contingencias ocasionadas por la pandemia.
“Realizando una comparación a la fecha con todas las empresas promotoras de salud que operan el régimen subsidiado, Ambuq está por encima y mejor calificada que muchas respecto a las cuales no se ha tomado ninguna medida, muchos menos la toma de posesión con fines liquidatarios”, contó Ibargüen.
Supersalud indicó que Ambuq, aunque estuvo bajo medida de vigilancia especial desde agosto de 2016, no logró corregir el mal comportamiento en indicadores financieros, jurídicos y técnico-científicos, con lo cual expone a inminente riesgo la garantía de atención a sus usuarios y el flujo de recursos hacia su red prestadora de servicios.
Es de precisar que Ambuq prestaba servicio a 771.557 afiliados en los departamentos de Chocó, Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Sucre, Magdalena, Cesar y Córdoba. En el departamento está presente en 26 municipios y tiene 137.295 afiliados entre contributivo y subsidiado.
Por mano de obra local
En los bajos de la Alcaldía, en la Plaza de La Aduana, otro grupo de cartageneros se dieron cita para pedirle al alcalde William Dau que firme el decreto que prioriza la mano de obra local en la ciudad.
El plantón fue convocado por la Corporación Coordinadora del Caribe, movimiento que solicita a la actual administración políticas públicas de empleo.
“Nosotros estamos pidiendo que se firme este decreto como ya lo hizo Barranquilla y Barrancabermeja, porque este momento en Cartagena están empleando a muchas personas de afuera, pero aquí hay cartageneros competentes y preparados para desempeñar los cargos técnicos, tecnólogos y profesionales que se requieran tanto en el sector público y privado”, afirmó Roberto Julio, representante legal de Coordinadora del Caribe.
Julio destacó que pese a las reuniones que ha tenido con la actual administración falta voluntad política para sacar adelante este proyecto, que ya cuenta con fundamento legal, estado de conveniencia y alcance económico.
