La controversia por el zarpe y desembarque desde la zona de playas detrás del Hospital de Bocagrande hacia la isla de Tierrabomba, parece estar lejos de acabar. Hoy se escribe un nuevo capítulo de esta historia cuando los nativos se tomen las calles del sector turístico para rechazar lo que ellos consideran una “discriminación”.
Y es que desde octubre del año 2020, cuando empezaron a registrarse aglomeraciones y el incumplimiento de protocolos de bioseguridad en esta zona, en momentos críticos de la pandemia por el COVID-19, algunos residentes de barrios como Bocagrande, Castillogrande o El Laguito expresaron su desacuerdo con ese embarcadero e instaron a las autoridades a tomar medidas contundentes para clausurarlo.
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A la fecha, tras varias reuniones entre las partes, el embarcadero sigue sin ser legal, aunque funciona como de costumbre. Sin embargo, la comunidad trabajadora de Tierrabomba afirma que continúan las persecuciones y por eso hoy harán un recorrido simbólico por varias calles de la zona turística. Los pobladores pondrán a sonar las tamboras y harán bailes autóctonos para exigir respeto, igualdad y derecho al trabajo. Aseguraron que no generarán bloqueos ni afectarán la movilidad vehicular.
“Será una manifestación netamente cultural en respuesta a todas las negativas que nos han puesto por el embarcadero. Ha habido xenofobia y discriminación con nuestro pueblo. Nosotros fuimos los primeros dueños de este territorio que a principios del siglo pasado sufrimos el despojo de las tierras. No queremos más afectaciones, la gente quiere y tiene derecho a trabajar, las restricciones por la pandemia pusieron a pasar muchas necesidades a nuestra comunidad, estas actividades de transporte al turismo y la pesca son las principales fuentes de ingreso de Tierrabomba”, aseguró Mirla Aaron, representante legal del Consejo Comunitario de esta isla.
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La jornada de hoy se iniciará a las 8 de la mañana en el polémico embarcadero y recorrerá avenidas principales como la San Martín en Bocagrande o la Piñango en Castillogrande.
“Queremos hacernos visibles sin afectar la movilidad, nuestra intención es que las autoridades nos vean y entiendan nuestra situación para que no tomen más medidas drásticas que nos afecten. Entendemos que se debe legalizar y reglamentar todo, pero no pueden hacer procesos por encima de nosotros”, finalizó la gestora.