El Plan de Normalización Urbanística de Cartagena es otra de las tantas deudas que tiene pendiente la ciudad desde hace años y que busca ser saldada por la administración de William Dau.
Empezó en 2017 luego de la caída del edificio Blas de Lezo II, que fue la punta del iceberg de las construcciones ilegales realizadas por los Quiroz, y que hoy tienen a cientos de familias en vilo sin saber qué va a pasar con su hogar.
Pese a la gravedad del asunto, en esa época fueron pocos los avances y a inicios de 2018 el procurador General, Fernando Carrillo, expresó su inconformidad y llamó la atención por el incumplimiento por parte de la administración.
Sin embargo, en 2019 el panorama cambió. En total fueron más de 1.700 personas entre líderes comunales, estudiantes universitarios, constructores y comunidad en general, los que fueron capacitados sobre los aspectos básicos de la legalidad o ilegalidad de las obras en construcción, así como los mecanismos que existen para corroborar este tipo de situaciones. En cuanto a sanciones, se llevaron a cabo 790 procesos por las diferentes infracciones.
Luego de un empalme y un cambio de administración, el 24 de febrero de 2020 la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, anunció la reactivación de dicho plan para poner en cintura a todos aquellos constructores que evaden la ley sin importar los daños que puedan ocasionar a terceros.
Sin embargo, la crisis sanitaria provocada por la pandemia impidió el desarrollo de las acciones de control tal y como estaban planificadas.
Solo hasta agosto, y poniendo en práctica los protocolos necesarios en el marco de la “nueva normalidad”, el Cuerpo Élite de Control Urbano pudo retomar labores.
Cabe recordar que este es una instancia interinstitucional en la que diferentes dependencias distritales y otras instituciones aúnan esfuerzos desde lo técnico y lo jurídico para apoyar a los inspectores de policía en el control urbanístico de Cartagena.
Desde ese tiempo y hasta diciembre se hicieron cuatro recorridos en el marco del plan, logrando el sellamiento de 6 obras: 2 establecimientos en Manga, una obra en Torices, sector Loma del Diamante; y tres comercios en el Pie de La Popa. Además, se hicieron inspecciones en Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, pero no se selló ninguna obra.
Según explicó la Oficina de Control Urbano, la infracción más cometida es la falta de licencia urbanística expedida por la autoridad competente para la realización de construcciones o demoliciones. En algunos casos, donde sí se contaba con el permiso, se halló que las adecuaciones no se ajustaban a lo establecido en la licencia. Así mismo, se identificaron al menos 25 vallas publicitarias que no cuentan con registro.
“El Cuerpo Élite es una estrategia en el sitio para contribuir a la normalización urbanística; se hacen recorridos con varias dependencias de la Alcaldía, para que cada una desde su competencia, revise y controle lo que le corresponda”, explicó Andrés Porto, director administrativo de Control Urbano del Distrito.
Por su parte, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) realizó observaciones sobre el manejo de los residuos en diferentes construcciones, mientras que la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres determinó que en algunas obras no se manejaba la línea de vida, no existía plan de gestión de riesgo y no se contaba con extintores.
Conforme al informe entregado por la Secretaría de Planeación, durante el 2020 se recibieron 583 peticiones de uso de suelo y de estas se concedieron 496. Además, se entregaron 28 licencias de intervención y ocupación de espacio público, y 52 fueron negadas.
Más allá de estas sanciones, el Distrito dio un paso importante con la puesta en marcha del nuevo sistema de georreferenciación Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo (Midas 4.0), que permite hacer los procesos de identificación de predios y tener su información de manera rápida y actualizada sobre licencias de construcción, puntos de interés de la ciudad, zonas afectadas por el cambio climático y plan de ordenamiento territorial. El plus de esta herramienta es que puede ser utilizada por cualquier ciudadano desde sus celulares o computadores, ya que cuenta con página web y APP.
Además de la utilización del MIDAS, y para que el control durante este año sea más efectivo, se espera que finalmente el Ministerio de Vivienda implemente el nuevo Sistema Transaccional de Licencias Urbanísticas TERRA, el cual busca fortalecer los procesos locales para la automatización de trámites y crear estándares a nivel nacional en la obtención de licencias. El diseño se inició en 2020 y se estima que en el transcurso del año se hagan las pruebas y se ponga en marcha.
De acuerdo con la entidad nacional, Cartagena será una de las cinco ciudades piloto en la implementación de este sistema de licenciamiento urbanístico virtual, que busca agilizar los trámites para los ciudadanos, romper con la ilegalidad y la corrupción en el licenciamiento urbanístico y, al mismo tiempo, mejorar el control urbano.
“El sistema TERRA hará que sea muchísimo más eficiente, económico y transparente todo el proceso de licenciamiento en la ciudad, y permitirá hacer un control urbano más eficiente por parte de las autoridades”, afirmó Juan Camilo Rueda, de la dirección de espacio urbano y territorio del Ministerio de Vivienda.
Paralelo a los trabajos que se continuarán realizando para sacar adelante el Plan de Normalización Urbanística, el Distrito avanza en la realización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual está desactualizado desde 2001.
El 18 de noviembre de 2020 se iniciaron las mesas de diagnóstico y participación, el 23 de noviembre las mesas de aporte de la zona rural, y el 2 de diciembre las mesas del componente urbano, poblacional e institucional.
A la fecha se han hecho 27 mesas virtuales del POT: 14 en los corregimientos rurales, 3 a escala de localidad, 2 poblacionales (niños, jóvenes y adolescentes y adultos mayores), 5 diferenciales (personas con discapacidad, representantes de grupos étnicos, enfoque de género, víctimas del conflicto y población LGTBI), 2 sectoriales con enfoque urbano y 1 institucional con organismos de control.
Así las cosas, se prevé que en agosto del 2021 el POT sea presentado ante las instancias de participación ciudadana para que generen sus conceptos, y el documento definitivo será ajustado y presentado ante el Concejo Distrital en octubre de este año.
En el marco del convenio interadministrativo suscrito entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y la Alcaldía de Cartagena, esta ha puesto a consideración un conjunto de recomendaciones con el propósito de “desvirtuar la responsabilidad del Distrito respecto de construcciones adelantadas sin el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y bajo el amparo de licencias obtenidas de manera irregular”.
“El Distrito de Cartagena encontró que en 58 de las 77 edificaciones adelantadas por el mismo constructor se presentaban falencias en las licencias y permisos urbanísticos, de las que se dejó oportuna constancia en el informe presentado por la Procuraduría Distrital y las actas de inspección respectivas”, señaló la Andje.
A pesar de ello, los demandantes acusan al Distrito de actuar tardíamente en el ejercicio de sus funciones de control y seguimiento.
“Las demandas se interpusieron en ejercicio del medido de control de reparación directa por parte de compradores del proyecto. Son siete procesos distintos, pero se esperan aún más, dada la coyuntura y los diferentes proyectos de construcción”, puntualizó la agencia.