De acuerdo con datos entregados por la Agencia Nacional del Espectro (ANE), en Cartagena hay 791 estaciones móviles, lo que quiere decir que cada una - en promedio- debe proveer de servicios a 1.300 personas.
“Un equilibrio más o menos aceptable es que una antena atienda a 1.000 personas, por lo que Cartagena está un 30% por debajo del promedio para tener una buena calidad del servicio, y eso es por todas las restricciones que hay en la ciudad”, afirmó Álvaro Casallas, asesor de la Dirección General de la ANE, la cual es la encargada de reglamentar los campos electromagnéticos.
El problema que plantea Casallas es quizás uno de los que menos se le ha prestado atención en la ciudad, e irónicamente uno que afecta diariamente a toda la población pues en una época en la que todo se ha vuelto virtual las telecomunicaciones son elementales.
Para poder entender las limitaciones de la ciudad en este aspecto hay que revisar el Decreto 977 de 2001, POT, donde están estipuladas las restricciones que impiden que se haga un correcto despliegue de infraestructura en la ciudad, tales como la instalación de infraestructura en zonas residenciales, prohibición de instalaciones visibles desde el exterior de los inmuebles ubicados en el Centro Histórico y su periferia, prohibición de instalación en predios de uso público, limitación de instalación de infraestructura en azoteas o cubiertas de edificaciones en inmuebles del Centro y la protección de los Bienes de Interés Cultural. (Lea aquí: Desmontan polémico ‘panel’ de antena 5G en la avenida Santander)
Según manifestó Casallas hay otra restricción contemplada en el Decreto 424 de 2003 que es la prohibición de instalación en predios de uso público.
“Desplegar infraestructura de telecomunicaciones en Cartagena es un reto bastante complejo para lograr por parte de los operadores y más aún en las zonas aledañas al Centro Histórico y dentro de él. Los BIC están protegidos por normas de orden nacional que tiene el Ministerio de Cultura y también por normas de tipo local, en este caso el IPCC, que debe asegurarse de cumplir las reglas para que la infraestructura que se despliegue en esa zona no riña con la arquitectura que constituye un patrimonio”.
Casallas indicó que otro problema en la ciudad es que en ocasiones se permite el despliegue desordenado de la infraestructura de telecomunicaciones de manera arbitraria, sin ceñirse a las normas.
“La empresa que obtuvo el permiso se pega de eso jurídicamente para hacer valer ‘sus derechos’ y eso crea malestar con la ciudadanía porque creen que todas las empresas hacen ese tipo de maniobras, por eso lo que estamos buscando es que se haga un despliegue ordenado”.
Mientras que por un lado está la necesidad apremiante de proteger los bienes, por otro lado están los ciudadanos que requieren mejor servicio de comunicaciones.
“No debemos llegar a los extremos como poner elementos de telecomunicaciones muy cerca a las murallas porque eso desmejora el escenario del patrimonio, pero tampoco que las autoridades prohiban totalmente el despliegue de infraestructura al interior o en cercanías de los BIC, ahí también vamos a afectar a los ciudadanos porque no les vamos a permitir gozar de los beneficios que traen las telecomunicaciones”.
Casallas agregó que muchas veces este último escenario se da porque las autoridades no logran ponerse de acuerdo con los operadores respecto al tipo de infraestructura. Además, que en ocasiones, por desconocer cómo es la infraestructura de telecomunicaciones se le solicita a los operadores subterranizar la infraestructura pero en muchos casos es imposible porque las antenas deben estar al aire para llegar a más personas.
“Una solución es subterranización parcial de algunos elementos como el radio o la fuente de energía, de tal manera que las antenas se puedan mimetizar, por ejemplo, en un poste de alumbrado (...) Si el despliegue se va a hacer en una terraza la primera opción es encapsular las antenas, poniéndoles alrededor una especie de caja que sea de un material y un color que no riña con la fachada de ese BIC. Cuando se hace sobre tejados se puede tener la infraestructura que sobresalga del techo pero colocándole elementos que no riñan con el techo o la azotea de esa casa”.
Otras opciones planteadas, es que cuando se trate de monopolos o postes se use la “infraestructura palmera”, la cual consiste en que la infraestructura trate de imitar vegetación; también se debe propender por el uso de microseldas que son un tipo de estaciones de reducido tamaño que se puede pegar en las fachadas y riñe poco con el entorno.
“Como ANE hemos trabajado con el Mintic, la Alcaldía de Cartagena y el Ministerio de Cultura, este último está trabajando en una guía para los operadores porque se está dando cuenta que no podemos llegar al extremo de prohibir totalmente el despliegue de infraestructura en una zona patrimonial, sino por el contrario se debe permitir de manera controlada y mimetizada. Cuando eso se logre va a ser una ayuda muy importante que van a tener los operadores y las autoridades locales para llegar a un acuerdo que no dilate tanto la solución”.
De acuerdo con Casallas, el objetivo es que se logre un equilibrio para cubrir todos los intereses de la ciudad, tales como bienestar y salud, la armonía del entorno y un mejor servicio de telecomunicaciones.
“Es un triángulo que debe armonizarse perfectamente para lograr suplir todos los intereses de los ciudadanos”.
Aunque aún hacen falta lineamientos para la instalación de este tipo de infraestructura en zonas protegidas, los operadores deben cumplir con una serie de requisitos al momento de presentar una propuesta.
Lo primordial es que deben estar inscritos en el Registro Tic del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; de igual manera se debe presentar un plano de localización del predio donde van a instalar la estación, basada en cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; y se debe contar con una licencia de construcción expedida por el curador urbano.
“La ANE estipula los límites para la protección de las personas ante la exposición de los campos electromagnéticos, que están basados en las recomendaciones que hizo una entidad reconocida por la OMS, y deben mostrar los operadores móviles que cumplen con esa normatividad”, explicó Casallas.
En medio de la pandemia, en la ciudad se presentó una polémica por la instalación de unos postes de telecomunicaciones muy cerca al cordón amurallado del Centro Histórico. Ante las denuncias y quejas, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Secretaría de Planeación suspendieron las obras de intervención en dichas antenas y adelantan dos procesos, uno por presunta indebida intervención en el Centro Histórico y otro sancionatorio.
Además, el Distrito agregó que estudia acciones legales para dejar sin fundamento la Resolución 8328 del 6 de noviembre de 2019, que concede permiso para la ocupación e intervención en el espacio público para la instalación de antenas de telecomunicaciones en varias zonas del Centro Histórico. A su vez aclaró que no se opone al montaje de estas estaciones radioeléctricas siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios para no cometer infracciones urbanísticas.
Por su parte, la Sociedad Tower3 ha solicitado una “salida conciliada” frente a la presencia de antenas en el Centro Histórico y reiteran que cuentan con todos los permisos para las tres antenas: la de la Santander, otra en la Calle de El Arsenal y una más en el Parque de La Marina.
Por otra parte, los vecinos del Centro Histórico elevaron una queja a Espacio Público para que el desmonte de las antenas sea “total” y no se permitan “nuevos ilícitos y atentados contra el patrimonio material de Cartagena”.
Cabe aclarar que la ANE solo actúa cuando se llegan a transgredir los límites del campo electromagnético o en casos de uso no autorizado del espectro, por lo cual no tiene competencia en el caso.