Fue el 16 de enero de 2014 cuando más de 90 familias en medio del desespero y el anhelo por tener una vivienda propia, llegaron a un predio abandonado hasta entonces sin nombre alguno, donde se suponía que se iba a construir un hogar múltiple para beneficio de toda la comunidad de los Sectores Unidos de Cartagena, donde están los barrios El Nazareno, El Silencio, Villa Fanny y Nelson Mandela.
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Sin embargo la obra de infraestructura quedó solo en palabras y terminó convirtiéndose en un nido para la delincuencia y la inseguridad de todos los que vivían en sus alrededores. Ante esa amenaza y también por la inminente necesidad de una vivienda propia que tienen miles de cartageneros, más de 400 personas llegaron a invadir el predio que hasta al sol de hoy se mantiene como una pequeña ciudadela en la mitad de estos barrios, donde cada familia ha construido su espacio y ha hecho de él un hogar, a pesar de las precarias condiciones en las que se pueda encontrar el sitio.
Allí, por ejemplo, únicamente cuentan con el servicio de agua y alcantarillado, es decir, no hay luz ni gas; y las viviendas se encuentran en unas condiciones de hacinamiento bastante perceptibles. Las casas parecen unas sobre otras y el lugar como tal tiene un aspecto laberíntico por los angostos pasajes que hay que atravesar para ir de un lugar a otro.
“Son callecitas pequeñas, pero al menos cada uno tiene su techito”, dice un residente. Y es así. Para ellos no hay nada más satisfactorio que tener una vivienda propia y prefieren vivir en esas condiciones antes que tener que sufrir por pagar arriendo en medio de situaciones económicas tan difíciles.
Fue por eso que el mismo 16 de enero en que llegaron a la invasión, pese a ser desalojados inmediatamente por el Esmad, volvieron al día siguiente y se asentaron allí, bautizando el lugar con esa memorable fecha y resistiendo a los múltiples intentos de desalojo que les han intentado hacer desde entonces.
El último de ellos se dio a finales de octubre, cuando recibieron la notificación de parte de la Alcaldía de la Localidad 3 y la Inspección de Policía de un desalojo programado para el pasado 4 de noviembre, el cual fue frenado tras la intervención del alcalde de Cartagena William Dau Chamat y la protesta que los residentes de la invasión hicieron en los bajos del Palacio de la Aduana, donde llamaron la atención del mandatario quien afirmó no conocer de la situación pero dijo que de ahora en adelante se pondría a trabajar para estudiar soluciones para estas familias.
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“La verdad es que este es un problema bien grande porque nosotros estamos aquí y el problema es que estamos con la zozobra de que nos vayan a desalojar porque no tenemos a donde ir, si lo hacen quedamos prácticamente en la calle, no queremos que ese desalojo nos coja desprevenidos”, dice Alba Jiménez, líder de la invasión.
A pesar de eso, y la incertidumbre que le agobia todos los días al pensar que en algún momento puede pasar lo no deseado, guarda la esperanza en que el alcalde verdaderamente cumpla con su promesa y pueda evitar definitivamente el desalojo de las familias. “El alcalde William Dau nos hizo la visita con Secretaría del Interior y ellos están dialogando a ver qué podemos hacer, eso está en estudio pero nada se ha dicho. Aún así, nos dio una esperanza, sinceramente, el ‘chicharrón’ está en la parte judicial”, dice Alba.
Y si bien las condiciones en la invasión no son las mejores, más que una reubicación lo que esperan las familias es que les legalicen sus predios y así puedan dignificar sus hogares, y que además, el Distrito invierta en la comunidad.
“Aquí vivimos es por la gracia de Dios porque la verdad es que tenemos muchas necesidades, principalmente de empleo, y durante la pandemia ha sido peor”, explica Alba.
En eso coincide con Gloria Duarte, otra habitante del sector que como Alba, guarda la esperanza en que el proceso pueda llegar a feliz término para ella y sus vecinos.
“Esperamos que nos dejen acá y que lleguemos a un arreglo con las autoridades competentes. Nosotros le hemos dado vida a este lugar porque esto aquí era un monte, había unas obras inconclusas y esto era prácticamente una guarida de delincuencia”, dice Gloria
Por ello, el clamor de la comunidad, básicamente, es que no se olviden de ellos, que entiendan que la invasión que se dio hace ya seis años fue por necesidad.
Pero ahora, hay una luz de esperanza, la cual nuevamente depende de la voluntad política, aquella que no permitió la construcción del hogar múltiple en 2014 y que trajo como consecuencia el lío jurídico de exactamente 97 familias que habitan la invasión, 97 familias que esperan por respuestas, seguridad e inversión.
¿En qué va el proceso?
El secretario del Interior, David Múnera, indicó que desde el Distrito se va a comenzar a construir una hoja de ruta para determinar cuál será el proceder con la invasión 16 de Enero. Indicó que se están estudiando las alternativas jurídicas para legalizar los terrenos y entregarlos a la comunidad teniendo en cuenta su tiempo de permanencia allí y todo lo que han construido.
“Estamos haciendo los análisis jurídicos para ver qué salidas y soluciones se pueden dar para estas familias”, puntualizó.