El Programa de Salud Comfamiliar Cartagena se convirtió en el noveno liquidado por la Superintendencia de Salud en el país en los últimos años. Tan solo en 2019 llegaron a su fin Saludvida, Comfacor, Cruz Blanca y Emdisalud, en medio de la ‘limpieza’ que está realizando el Gobierno nacional en el sector. (Lea aquí: Supersalud liquida a Comfamiliar EPS en Cartagena y Bolívar)
De acuerdo con el informe de la entidad, la EPS venía presentando muchos inconvenientes en atención y en deudas, por esto desde el 1 de diciembre los más de 137 mil usuarios que eran atendidos en Comfamiliar serán trasladados a otras Entidades Promotoras de Salud.
“Este programa de salud tenía una medida de vigilancia especial desde hace 4 años, donde se encontraron problemas en el desempeño, los cuales a pesar de prorrogar en ocho oportunidades esta medida, tocó hacerla porque no corrigieron ni subsanaron los problemas financieros, administrativos y asistenciales”, señaló Germán Augusto Guerrero, delegado de Medidas Especiales de Supersalud.
Aunque el día de la liquidación se dijeron a grandes rasgos los motivos, El Universal conoció a detalle la resolución y el informe entregado por la Contraloría a la Superintendencia de Salud, el cual dio paso a la liquidación. En el documento se desglosa la evaluación de los indicadores de múltiples componentes con corte a septiembre de 2020.
Baja cobertura
Uno de los primeros hallazgos expuestos es la continua disminución de la población afiliada, ya que, según información obtenida de la Base de Datos Única de Afiliados, SISPRO, en agosto de 2016 -cuando inició la medida preventiva- se contaban 211.153 afiliados pero ahora hay 136.154.
De igual manera el programa de salud presentó una cobertura insuficiente en los servicios de baja complejidad con un 72,22% de la cobertura en consulta de medicina general, PyP y odontología general; en cuanto al servicio de laboratorio clínico registró una cobertura del 66,67%.
“El servicio de radioterapia es reportado con una cobertura del 0%; UCI pediátrica, UCI neonatal, oncología, oncología pediátrica, quimioterapia, diálisis y laboratorio de alta complejidad una cobertura de 5,56%”.
Altas tasas de mortalidad materna
En la misma línea del servicio al usuario, otro de los grandes temas donde se rajó esta EPS es en la atención al grupo binomio madre e hijo, pues quedó evidenciado el incumplimiento de 5 de los 6 indicadores estipulados en la interventoría.
Mientras que la meta era que la mortalidad de materna no pasara de 51 por cada 100.000 nacidos vivos, la tasa de Comfamiliar era de 189,75 por cada 100.000 nacidos vivos. Es decir, triplicaba las cifras.
“La tasa de mortalidad perinatal era de 17,16 por cada 1.000 nacidos vivos con una desviación de 4 puntos frente a la meta (13,6 por cada 1.000); el porcentaje de gestantes con captación temprana presenta incumplimiento del 40,25% frente a la meta (≥80%); el porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes con un 73,68% presentando una desviación frente a la meta de 21.23% (≥95%); la incidencia de sífilis congénita presenta incumplimiento con una tasa acumulada de 9,35 por cada 1.000 nacidos frente a la meta (<0,5 por cada 1.000 NV) con una desviación del 8,55”, se lee en el documento.
Multimillonarias deudas
Saliendo del componente de atención e ingresando al de deuda, se encontró que la EPS estaba en inminente riesgo de liquidez, teniendo en cuenta que “los activos líquidos o convertibles en liquidez a corto plazo eran insuficientes”.
En ese sentido, la caja de compensación presentó un nivel de endeudamiento de 273%, eso quiere decir que la entidad debe más de 2 veces el valor de su activo, incumpliendo la obligación de pagar la prestación de los servicios de salud y mejorar el flujo de recursos a la red hospitalaria.
“No se evidencian procesos permanentes de las gestiones administrativas para depurar las cuentas por pagar y cuentas por cobrar en los estados financieros, como tampoco en los demás reportes contables y de cartera de presentación obligatoria, de tal forma que estos sean confiables y razonables”, se lee en el documento. De igual manera se halló que el 80% de los deudores presentan antigüedad superior a 360 días y se encuentran concentrados en 11 terceros. Así mismo al cierre de agosto de 2020 el comportamiento del patrimonio evidencia deterioro en un 30% ($ - 119.966 millones) con relación al inicio de la medida de vigilancia especial, es decir, agosto 2016 ($-92.330 millones).
“De acuerdo con los resultados de los cálculos realizados para la vigencia 2019 y agosto de 2020, Comfamiliar Cartagena EPS no cumple con el porcentaje de recuperación del defecto de capital mínimo y patrimonio adecuado, en el cual se debía disminuir mínimo el 70% del defecto calculado en el periodo de junio de 2015”, detalla el documento.
Líos judiciales
Finalmente, el último pilar presentado en el informe es el jurídico, pues al Programa de Salud de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar le han sido notificadas 92 acciones de tutela en salud con corte a agosto de 2020, de las cuales 31 pertenecen a eventos del Plan de Beneficio en Salud (PBS) y 61 corresponden a eventos no PBS.
Además, hasta la misma fecha, la entidad ha sido notificada de 107 incidentes de desacato y se estima que la cuantía de esos procesos jurídicos asciende a $37.612.177.685. Por si fuera poco, los embargos reportados suman aproximadamente $323.394.529.
Los afiliados de esta entidad serán trasladados a otras EPS, de acuerdo con la asignación que hará el Ministerio de Salud y Protección Social, y el proceso no afectará la prestación de los servicios.
“Las EPS que acojan a estos usuarios y a sus familias deberán garantizarles una atención óptima en toda su red de prestación de servicios, que les permita a los afiliados contar con sus medicamentos al día, consultas especializadas y la continuidad de sus tratamientos”, afirmó Germán Augusto Guerrero, delegado de Medidas Especiales de Supersalud.