La situación en las veredas Marlinda y Villa Gloria es caótica en materia de orden y espacio público. Justamente ayer se realizó un operativo policivo de desalojo en el área de playa de Marlinda, debido a que algunas personas ya habían invadido esa zona con carpas para posteriormente levantar ranchos. La Policía de La Boquilla estuvo a cargo del procedimiento. Sin embargo, esta fue solo una de las tantas discordias que se registran en esta zona donde confluyen además los moradores de la vereda Villa Gloria. En ambas poblaciones hay cerca de 700 familias.
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Un fallo del Consejo de Estado de mayo del 2017 acreditó que los terrenos donde están Marlinda y Villa Gloria son de bajamar, bienes de uso público pertenecientes a la Nación, por lo tanto no pueden ser objeto de apropiación privada. Son terrenos imprescriptibles, inalienables e intransferibles. Según la resolución, el área corresponde a costas bajas rodeadas completamente de cuerpos de agua, ya que de un lado está el Mar Caribe y del otro la ciénaga de La Virgen, siendo además una zona de reserva ecológica y en consecuencia no puede ser objeto de acciones urbanísticas.
El fallo conmina al Distrito a realizar una reubicación de todas las personas que habitan Marlinda y Villa Gloria y a recuperar de forma integral toda esa jurisdicción, no obstante el fallo lleva tres años sin ser acatado y los pobladores siguen en el lugar esperando las garantías para que se haga el traslado.
Ahora, un nuevo problema asoma en esta zona, ya que las comunidades y varios ambientalistas de la ciudad denunciaron que un hotel se construye en un punto que divide a ambas veredas, conocido como Punto Icaco.
Lo más llamativo para los denunciantes es que la obra tiene exhibida una valla con número de radicación y fecha del 28 de agosto del año 2019, emitida por la Curaduría Urbana distrital N.º 1 de Cartagena.
“Por qué se otorgó un permiso para una construcción de esta índole en un sector declarado como zona protegida”, se preguntó Rafael Vergara Navarro, reconocido abogado y ecologista de la ciudad.
Según Vergara, el daño ambiental en este sector es desmedido y en los últimos años ha habido dificultades entre las autoridades y las comunidades para que se cumpla con la sentencia.
Algunos nativos tampoco comprenden la situación. Para varios de ellos, hay tensión actualmente, no solo por el fallo que ordena el desalojo sino por una serie de amenazas hacia algunos líderes comunales por denunciar presuntas irregularidades.
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“Hay un grupo de inversionistas que han comprado terrenos a los pobladores, tienen hasta escrituras públicas de dudosa legalidad, hay personas poderosas detrás de las obras que se pretenden construir en esta zona. También sabemos que existen ciudadanos extranjeros interesadas en despojar a toda la comunidad negra de aquí. Esto va más allá del tema ecológico”, señaló una moradora de Marlinda que pidió reserva de su identidad.
Estas comunidades están asentadas allí hace un par de décadas. Marlinda existe hace 28 años, mientras que Villa Gloria tiene alrededor de 35.
Según los residentes consultados, el fallo del Consejo de Estado debe cumplirse siempre y cuando se brinden todas las garantías para la reubicación, y sobre todo que en caso de hacerse el desalojo, la zona sea recuperada en su totalidad para que jamás vuelva a existir allí otro asentamiento humano.
