En reiteradas oportunidades el alcalde William Dau ha dicho que una de las dependencias en las que la administración de Cartagena ha estado mayormente “infiltrada es a través de la oficina de Talento Humano”, dependencia a través de la cual se gestiona el recurso humano que se vincula a la administración, así como los programas de capacitación y bienestar social de los servidores públicos .
En este segundo capítulo del “libro blanco”, fueron varias las presuntas irregularidades las que se destaparon desde esta rama del Distrito. Una de las más graves se refiere a un presunto pago por más de 200 millones en el 2017 al personero William Matson (a su cuenta personal), por concepto del pago de los salarios, prestaciones sociales, bonificaciones y seguridad social de todo el año, cuando los recursos debían ser transferidos a la cuenta de la Personería Distrital.
De acuerdo con el informe, los hechos fueron los siguientes: William Matson Ospino, en su condición de personero Distrital, elevó solicitud para el reajuste presupuestal, reconocimiento de saldos presupuestales a favor de la Personería Distrital de Cartagena y pago de salarios y prestaciones sociales del personero.
Por esto, la directora de Talento Humano de la época suscribió actos administrativos decretando el pago de los salarios, prestaciones sociales, bonificaciones y seguridad social de todo el año 2017, por valor de $253.098.742, pago que se hizo directamente en la cuenta bancaria del personero, no se transfirió a la Personería Distrital.
“Suponemos que lo hicieron así porque conocen que se violarían los topes de la Ley 617 de 2000, que establece que en los presupuestos de los municipios y distritos debe haber una sección para financiar el funcionamiento de concejos, personerías y contralorías. Para el caso de la Personería, el Distrito le transfiere el 1,6% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación todos los años”, asegura Adelfo Doria, jefe de la Dirección de Talento Humano.
Tras el hecho, la administración Dau argumenta que la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en 2020 contra el expersonero, pero no contra los funcionarios involucrados, ni el alcalde de la época. Tampoco se conocen procesos que adelante la Procuraduría ni la Fiscalía por este hecho.
“Probablemente hubo comisión de algunos delitos, hubo una inducción a un error, porque el personero motivó con una sentencia del Tribunal de Antioquia para justificar ese pago, aunque luego se dijo que se violaron algunas disposiciones legales porque ese dinero debió girarse directamente a la Personería y no a su cuenta personal”.
Dentro de los hallazgos de la administración también se plantea que, en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de 2019, el cual tuvo 20 componentes, se concentró la capacitación en el desarrollo de diferentes habilidades de los funcionarios del Distrito en un solo contratista.
Esto se habría hecho a través de un proceso de selección de menor cuantía (SAMC-013-2019) al cual solo se presentó un proponente, al que incluso le permitieron subsanar un requisito técnico que no había presentado. El contratista fue la Corporación Instituto Técnico Moderno de Cartagena. El contrato tuvo un valor de $ 350.000.000.
En la presentación, Doria cuestionó que el plan de capacitación para todo ese año fue ejecutado en solo 6 días (8, 9, 10, 15, 16 y 17 de octubre de 2019 ), donde se evacuaron los 20 temas de capacitación a los 630 funcionarios.
Asimismo, se advierte sobre la presunta violación del principio de austeridad en el gasto en los viajes y comisiones de los funcionarios.
Esto fue justificado diciendo que se compraron tiquetes de viaje aéreo en clase ejecutiva, cuando la norma obliga a que se viaje en clase económica. Y que, además, al parecer, algunos funcionarios no aportaron los certificados de permanencia, ni los informes de comisión de autorización de viáticos y tiquetes aéreos, violando con ello disposiciones de austeridad del gasto público.
Los señalados de haber violado estos principios son los exalcaldes, Antonio Quinto Guerra, por viajes entre 16 y 18 de mayo y el 22 de mayo de 2018. Y el exalcalde Pedrito Pereira, por viajes hechos el 9 de octubre,el 15 de noviembre, otros entre el 19 y 20 de noviembre y el 10 de diciembre de 2018, y otro en 10 de enero de 2019.
Adelfo Doria explicó también en su presentación que “desde el año 2017 hasta el 2019, el alcalde Mayor de Cartagena de Indias, se incrementó el salario anualmente sin mediar autorización del Concejo Distrital de Cartagena para ello, incumpliendo lo establecido en las normas vigentes, por lo que presuntamente hubo una omisión de funciones del Alcalde Mayor de Cartagena, que podría generar presuntas responsabilidades disciplinarias”.
El sueldo del alcalde habría aumentado de la siguiente forma: en 2017 fue de $9.568.940; en 2018 de $10.621.523; y en 2019 de $11.842.988, mientras que los gastos de representación fueron así: en el 2017 fueron de $3.133.485; en 2018 de $3.478.168; y en el 2019 fueron de $3.878.157.
De acuerdo con Doria, la ley establece que “el monto máximo que podrán autorizar las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales como salario mensual de los gobernadores y alcaldes estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación”.