A los despachos tanto del procurador General, Fernando Carillo, y del contralor General, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, siguen llegado quejas de la Heroica sobre el manejo del COVID-19, cuyo impacto la ubican tristemente como la tercera con más contagios y fallecidos. En una de esas solicitudes esta semana, la Red de Veedurías de Salud, Derecho y Vida, solicitó a la Contraloría General de la Nación un control excepcional para la ESE Cartagena de Indias, entidad que administrar los centros de salud de la ciudad.
La incertidumbre que se ha generado al no contar con la debida atención para los pacientes positivos COVID19 también incluye un déficit que supera los 30 mil millones de pesos, según esta Red. César Cárcamo, director de la Red de Veedurías, sostuvo que en la ESE se preparó un verdadero ‘coctel de corrupción’ donde los contratos, la mala administración y una serie de nombramientos de funcionarios dieron al traste con la entidad lo que hoy queda en evidencia.
Asegura el veedor que la solicitud se ha extendido a los posibles casos de corrupción que se han evidenciado en los años 2017, 2018 y 2019; y de los cuales se tienen pruebas fehacientes que han sido presentadas a los entes de control.
“Intentamos por todos los medios que la Superintendencia no entre a intervenir nuevamente el ente territorial sino que se adelante este control excepcional por parte de la Contraloría”, sostiene Cárcamo.
Desde hace tres años la entidad se encuentra categorizada en alto riesgo por parte del Ministerio de Salud y a pesar de haberle inyectado más de 17 mil millones de pesos en 2018 para aliviar los pasivos, no se sabe qué pasó con estos recursos porque los pagos no se han visto reflejados en el informe financiero, dice la queja a la Contraloría.
Según la Veeduría, este triste panorama se debe a la participación de casas políticas tradicionales dentro de la entidad. “Hay políticos que están dedicados en seguir desangrando a la institución con contratos chimbos que lo que hacen es causar detrimento. Por ejemplo, hubo una contratación fantasma con las dichosas ambulancias acuáticas, las cuales nunca se vieron funcionar. También hay proveedores que no dan resolución a nada de lo que se les contrata”, explicó Cárcamo.
“El dinero de la salud de la ciudad fue feriado y no se cuenta con las UCI ni con las camas. Hay pacientes COVID-19 positivos que se están trasladando a Barranquilla para recibir la atención”, puntualizó el veedor, cuya petición se extendió a la Fiscalía y la Procuraduría. El contralor general Carlos Córdoba, por su parte anunció visitas y seguimiento a los procedimientos en todo el país durante la pandemia.
