Un grupo de tres jóvenes venezolanas, parientes entres sí, que no superan los 20 años, acuden todos los días, desde muy temprano, a una esquina de un semáforo cerca al barrio Ceballos, contiguo al CAI de la Policía del sector. Llevan consigo sus utensilios de trabajo: un palo con un barre-aguas de caucho para limpiar cristales y una botella con agua de jabón. En esa esquina concurrirán, como todos los días, con otros jóvenes dedicados a limpiar los vidrios de los carros (algunos no son de Venezuela) para tratar de obtener el sustento diario. Todo esto lo realizan a pesar de la cuarentena y las restricciones impuestas por el COVID-19 en la ciudad.
El panorama ha ido repitiéndose en todos los semáforos del Distrito, sobre todo en áreas de Bazurto, algunas zonas de la Localidad 1, al nororiente; la Localidad 2, al suroriente; y la Localidad 3 al suroccidente.
“Debemos salir a buscar el sustento, porque no tenemos cómo mantener a nuestros hijos y hermanitos, ya que no hemos podido volver a Venezuela; lo que hacemos ahora es salir más temprano y a las 4 de la tarde suspendemos y regresamos a donde vivimos”, comenta una de las jóvenes consultadas sobre por qué se atreve a salir a trabajar, sin entender muy bien el estar en confinamiento, y sin saber que su actividad está prohibida en un decreto.
Pero no solo los limpiavidrios de autos han vuelto a las calles. Durante marzo, los semáforos se mantuvieron vacíos y no se registraban actividades en las calles en general. Pero desde hace un par de semanas, vendedores ambulantes, vendedores en chazas, de tinto, dulces y artículos de toda clase, han vuelto a sus labores informales. Algunas mujeres adultas regresaron con niños a pedir limosnas en los semáforos, arriesgándose al contagio.
Pero, ¿cómo deben controlarse este tipo de actividades, para evitar que el contagio del coronavirus se expanda?. Precisamente las medidas de aislamiento social son para que el virus no pase de una persona a otras, y de un lugar a otro, evitando así que la pandemia crezca en la ciudad, y que los servicios sanitarios colapsen, y aumenten los contagios y las muertes.
Para el secretario del Interior del Distritro, David Múnera Cavadía, es claro que todo tipo de actividades que no estén dentro de las excepciones en el decreto emitido por el presidente Iván Duque, deben ser controladas.
“El decreto presidencial que imparte las instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria, generada por el COVID-19, es claro cuando da un listado de 34 actividades que están dentro de las excepciones, para poder seguir desarrollándose en la ciudad. En ese sentido todas las actividades que no estén dentro de las excepciones y se desarrollen, deben parar y es competencia de la Policía actuar”, expresó Múnera.
“Todo lo que tenga que ver con ventas informales, y las actividades que no estén dentro de esas excepciones están absolutamente prohibidas; entendiendo que el confinamiento en general de la población lo que busca es evitar la expansión del contagio”, agrega el funcionario.
“Aunque las personas salgan a hacer labores, dentro de la formalidad o la informalidad, para subsanar las necesidades que tenemos todos, son actividades que están dentro de la ilegalidad. Es la Policía la que debe ejercer el control imponiendo los comparendos respectivos”, advirtió Múnera.
El funcionario destacó que el Centro de la ciudad permanece cerrado y sin ningún tipo de actividad en virtud de los decretos restrictivos del estado de emergencia.
El economista y PhD Juan Correa Reyes, del Grupo de Investigación Economía de la Salud de la Universidad de Cartagena, opina que las medidas de la Alcaldía para atender el desorden social generado por las personas que deambulan buscando pequeñas ayudas, “es y siempre será limitada, pues mientras el gobierno distrital emprende acciones de salud pública para aplanar la curva de la pandemia , se produce el fenómeno de la doble curva, porque al mismo tiempo crecen las necesidades sociales de las familias afectadas por la parálisis económica causada por la cuarentena obligatoria”.
“Mientras se obtienen mejores resultados de salud pública, se presentan peores resultados en la crisis social, pues en la medida que se avanza de días a meses, se afecta no solo a la economía informal o a los desocupados, sino que comienza a involucrar a los dueños de pequeños negocios, a los profesionales independientes, a los empleados de las empresas de los sectores afectados por la cuarentena, como el sector turístico, el gran comercio y empresas de servicio”, apunta el investigador.
“Esto es un fenómeno que ha superado las finanzas de los países desarrollados y de las grandes ciudades colombianas como Bogotá y Medellín, por lo tanto afecta y afectará a Cartagena que tiene limitaciones presupuestales”, sostiene Correa.
“Se puede decir que las medidas posibles para aplanar la curva del hambre social son, además de la acción distrital, la solidaridad de los sectores pudientes, sin embargo a mi juicio son menores a los que imaginamos dada la vulnerabilidad económica que afecta a los estratos altos de la ciudad (medida por el Dane en marzo 2020) y a la insuficiente capacidad financiera de los sectores empresariales para afrontar el cierre generado por la cuarentena, según el último estudio realizado por las Cámaras de Comercio de Cartagena y Santa Marta para Confecámaras”, explica.
