La Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría General de la República contra la Corrupción declaró fiscalmente responsables a Ana María del Carmen Álvarez Castillo, Nacha Newball Jiménez, Candelaria Valdelamar Martínez, al exgobernador Juan Carlos Gossain Rognini, Luis Eduardo Ortiz Herrera, a la Fundación Ciénaga de La Virgen, Asistegral y a la Fundación Renal de Colombia por irregularidades en la entrega de atención y tratamientos a pacientes diagnosticados con hemofilia, por 27 mil 505 millones 124 mil 466 pesos. Los hechos investigados ocurrieron entre los años 2012, 2013 y 2014. (Lea aquí: Emiten fallo de responsabilidad fiscal de $26.274 miilones por Cartel de la Hemofilia)
Las indagaciones dejan ver que el comúnmente llamado Cartel de la Hemofilia realizó dichos tratamientos “sin mediar contrato ni convenio entre el Departamento y las IPS, cuando estas personas debieron ser atendidas por la EPS, a las cuales estuviera afiliado el paciente. De acuerdo al hallazgo de auditoría, estos pagos se realizaron sin que existiera certeza de la prestación efectiva del servicio”.
Esta decisión de la Contraloría se profirió en noviembre y contra esta no procede ningún recurso. Sin embargo, a los procesados aún les queda una carta.
Con la decisión de segunda instancia de la Contraloría, acabó la vía gubernativa, pero esto da paso a que dentro de los cuatro meses siguientes a la firmeza de este acto sancionatorio los procesados puedan acudir ante la justicia contenciosa administrativa a presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho si consideran que existen defectos en el proceso disciplinario.
De hecho, este medio conoció que los procesados presentaron ese recurso ante el Consejo de Estado, por lo que será este órgano mayor de justicia el que tenga la última palabra.
Las personas sancionadas deberán responder de manera solidaria por las siguientes cuantías para completar el monto total del daño al patrimonio público de la siguiente manera:
- Nacha Newball Jiménez, por culpa grave en cuantía de $26.274.941.698, es decir, la totalidad del daño de que trata la causa fiscal.
- Luis Eduardo Ortiz Herrera, a título de culpa grave, responderá solidariamente con Nacha Newball Jiménez hasta la cuantía de $21.259.842.386 de la totalidad del daño patrimonial.
- Ana María del Carmen Álvarez Castillo, a título de culpa grave, responderá solidariamente con Nacha Newball Jiménez y Luis Eduardo Ortiz Herrera, hasta la cuantía de S19.227.732.681, de la totalidad del daño patrimonial.
- Asistencia Integral de Servicios de Salud (Asistegral S.A.S.), a título de culpa grave. responderá solidariamente con Nacha Newball Jiménez, Luis Eduardo Ortiz Herrera y Luis Eduardo Ortiz Herrera hasta la cuantía de $11.117.759.074, de la totalidad del daño patrimonial.
- La Fundación Ciénaga de La Virgen, a título de culpa grave, responderá solidariamente con Nacha Newball Jiménez, Luis Eduardo Ortiz Herrera y Ana María del Carmen Álvarez Castillo hasta la cuantía de $9.282.571.749, de la totalidad del daño patrimonial.
- Fundación Renal de Colombia y Candelaria Valdelamar Martínez, a titulo de culpa grave, responderán solidariamente con Nacha Newball Jiménez, Luis Eduardo Ortiz Herrera y Ana María del Carmen Álvarez Castillo hasta la cuantía de $5.874.610.875, de la totalidad del daño patrimonial.
- El exgobernador Juan Carlos Gossain Rognini, a título de culpa grave, responderá solidariamente con Nacha Newball Jiménez, Luis Eduardo Ortiz Herrera, Fundación Renal de Colombia y Candelaria Valdelamar Martínez hasta la cuantía de $1.205.120.802, de la totalidad del daño patrimonial.
En el caso del exgobernador de Bolívar, la Contraloría encontró que su actuación fue omisiva y determinante en el daño patrimonial, al efectuar a través de la Resolución 552 de 2012 un pago de $1.205 millones hecho directamente a una de las IPS vinculada al proceso.
Para el ente de control, los pagos ordenados en la resolución tuvieron como sustento los fallos proferidos por las tutelas presentadas por los pacientes; sin embargo, estos no imponían al departamento una obligación en este sentido, por lo cual su conducta fue calificada como omisiva.
“El gobernador de Bolívar delegó en la secretaria de Salud el pago y la atención de las tutelas que presentaban y de igual manera le hizo seguimiento a los procesos, por eso lo exoneramos de los otros pagos, pero hubo un pago que hizo el gobernador y por eso es que se dio responsabilidad fiscal”, aclaró.
A Ana María del Carmen Álvarez Castillo, en su calidad de secretaria de Salud Departamental, se le atribuye, entre otras conductas, permitir pagos por millonarias sumas al margen de la legalidad y sin saber a quién se le pagaba, con el argumento de que eran urgentes. Su despacho incurrió en omisión intencional de pronunciarse sobre las acciones de tutela interpuestas, guardando silencio sobre las mismas.
Por su parte, a Nacha Newbal Jiménez, en calidad de directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud para la época de los hechos, se le encontró que ordenaba directamente los servicios de salud, certificaba que se habían prestado efectivamente y que las facturas de cobro se habían presentado en debida forma.