Los moradores del barrio San Antonio dicen estar molestos con las declaraciones que dio un funcionario de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, quien, presuntamente, los calificó como invasores del caño Ricaurte.
Juan Carlos Suasa, presidente de la Junta de Acción Comunal, se refirió al ingeniero Edinson Hernández, quien, según él, dio declaraciones a un popular noticiero radial, donde dijo que las familias que se encuentran en alto riesgo a orillas del Ricaurte, en realidad son invasores que se han ido tomando ilegalmente los predios de ese cuerpo de agua y ahora pretenden que el Distrito los auxilie.
Suasa aclaró que las 25 viviendas en alto riesgo tienen más de 40 años de hacer parte del barrio San Antonio, y sus propietarios están dispuestos a mostrar sus escrituras y las certificaciones mediante las cuales el gobierno distrital aprobó la instalación de los servicios públicos.
La discusión de la dirigencia comunal con el Distrito viene desde mucho antes de que se dispusiera la reingeniería del puente Augusto Salguedo (13 de Junio-Las Gaviotas), ya que primero a los vecinos en riesgo se les notificó que sus viviendas serían tenidas en cuenta cuando se pusieran en marcha los trabajos del Plan Maestro de Drenajes Pluviales.
Las 25 casas están en peligro debido a la creciente erosión de las riberas del caño Ricaurte, lo cual la dirigencia comunal se lo atribuye a que las bocas del puente Caimán, según ella, no fueron habilitadas en su totalidad, de manera que en cada aguacero las corrientes pluviales no se evacuan con facilidad, se desbordan e inundan las casas aledañas.
“Antes de que comenzaran los trabajos en el Augusto Salguedo --contó el líder-- Infraestructura se comprometió a no habilitar las cinco bocas, ya que le entrarían más metros cúbicos de agua a San Antonio. Aparte de eso, iban a enviar a un grupo de ingenieros de la Localidad 2 a inspeccionar las 25 casas, para hacer un diagnóstico, pero nada de eso se ha hecho”.
Insiste en que una de las soluciones para impedir que el barrio se siga inundando consiste en que se tape una de las cinco bocas del nuevo puente 13 de Junio-Las Gaviotas y se termine de construir el puente Caimán, en el sentido de abrirle la boca que falta, para que las corrientes fluyan libremente, “pero ninguna de las entidades que tienen que ver con riesgos y con planes de viviendas para los damnificados se ha dado por entendida”.
El Universal intentó conseguir la opinión del ingeniero Edinson Hernández, de la Secretaría de Infraestructura, pero este no respondió su teléfono celular.